Un cuadro de debilidades administrativas, falencias de control interno y riesgos directos para el patrimonio fiscal dejó al descubierto la Contraloría General de la República tras auditar la gestión de licencias médicas en la Dirección del Servicio de Salud O’Higgins (SSO) y el Hospital de Rengo.
El Informe Final N°665 de 2025, que abarcó desde el 1 de enero de 2023 hasta el 28 de febrero de 2025, examinó cómo ambas instituciones gestionaron el pago de remuneraciones a funcionarios con extensos períodos de inasistencia por motivos médicos, junto con la calidad de los registros y la recuperación de dineros públicos.
Ausentismo prolongado y presión sobre el gasto
La Contraloría centró parte relevante de su revisión en el denominado ausentismo laboral prolongado, que definió como licencias médicas por un período “continuo o discontinuo, igual o superior a 180 días” (pág. 6 del informe).
Bajo ese criterio, el informe estableció que los recursos fiscales pagados por remuneraciones a funcionarios en esa condición alcanzaron:
- $694.595.550 en la Dirección del SSO, correspondientes a 48 personas, y
- $770.007.939 en el Hospital de Rengo, vinculados a 63 funcionarios (pág. 7 del informe).
Se trata de pagos efectuados mientras los funcionarios se encontraban con licencias médicas por extensos períodos, lo que —según se desprende del análisis— exige mecanismos de seguimiento, control y gestión que permitan resguardar los recursos fiscales y evaluar la recuperación de subsidios cuando corresponda.
A este escenario se suma el costo de los reemplazos. En una muestra de casos analizados, la Contraloría consignó que:
“Los recursos pagados por concepto de remuneraciones, con sus respectivos reemplazos, fueron de $253.556.921 y $390.485.035” (pág. 8 del informe).
Esto implica que, además del pago al funcionario con licencia, se generó gasto adicional para mantener la continuidad operativa, aumentando la presión sobre los presupuestos institucionales.
Licencias rechazadas: recursos fiscales en riesgo
Uno de los puntos más críticos observados es la falta de acciones oportunas para recuperar dineros pagados por licencias médicas que posteriormente fueron rechazadas por los organismos competentes.
La Contraloría señaló que esta situación “no guarda armonía con lo dispuesto en los artículos 3° y 5° de la ley N°18.575”, los cuales obligan a la Administración del Estado a actuar bajo principios de eficiencia, eficacia, transparencia y control (pág. 12).
En términos concretos, se determinó que las entidades “no constituyó en deudores por licencias médicas rechazadas a los funcionarios”, lo que derivó en $103.128.966 que no fueron recuperados (pág. 13).
El informe agrega un elemento de riesgo temporal relevante: el derecho a exigir devoluciones “prescribirá… dentro de seis meses desde el término de la respectiva licencia” (pág. 14).
Esto significa que la falta de gestión oportuna no solo retrasa la recuperación de recursos, sino que puede hacerla jurídicamente inviable.
Problemas de información que afectan el control
La auditoría también expuso debilidades en la calidad de los sistemas de información, un aspecto clave para el control de licencias médicas.
Se constató que 466 licencias médicas en el SSO y 483 en el Hospital de Rengo figuraban en los sistemas internos de recursos humanos, pero “no fueron habidas en la base de datos de la SUSESO” (pág. 18).
Este tipo de discrepancias dificulta la trazabilidad de los documentos, el cruce de información y la certeza sobre la situación real de cada licencia.
El informe enfatiza que, “los sistemas de información deberán incluir comprobaciones que validen y aborden la integridad y precisión de la información; y que los datos recopilados se obtienen de fuentes actuales” (pág. 20).
Sin embargo, se detectaron casos de licencias rechazadas que aparecían como vigentes en los registros internos, lo que —según el documento— “no se aviene con lo indicado… en las Normas sobre Control Interno” (pág. 21).
Además, se observaron licencias que no fueron registradas dentro de plazo en el sistema de control de personal de la Administración del Estado, incumpliendo el deber de informar oportunamente actos relativos a la vida funcionaria.
Medidas y eventuales responsabilidades
Frente al conjunto de observaciones, la Contraloría instruyó que la Dirección del SSO “deberá instruir un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas”, fijando un plazo de 15 días (pág. 24).
Asimismo, informó que “procederá a remitir copia de este Informe Final al Consejo de Defensa del Estado”, con el fin de que se evalúen acciones legales ante el eventual perjuicio patrimonial detectado (pág. 25).
De este modo, el informe no solo identifica falencias de gestión y control, sino que abre la puerta a responsabilidades administrativas y a la revisión jurídica de los montos involucrados.
📊 LAS CIFRAS CLAVE DEL INFORME
Período auditado:
🗓️ 1 de enero de 2023 – 28 de febrero de 2025
Definición de ausentismo prolongado:
Licencias médicas por “un lapso continuo o discontinuo, igual o superior a 180 días”
Funcionarios con ausentismo prolongado:
- 48 en el Servicio de Salud O’Higgins
- 63 en el Hospital de Rengo
Remuneraciones pagadas en esos casos:
- $694.595.550 (SSO)
- $770.007.939 (Hospital de Rengo)
📌 Total: $1.464.603.489 (pág. 7)
Pagos por reemplazos (muestra analizada):
- $253.556.921 (SSO)
- $390.485.035 (Hospital de Rengo) (pág. 8)
Licencias rechazadas con dineros no recuperados:
💰 $103.128.966
Inconsistencias en registros:
- 466 licencias en SSO no figuran en SUSESO
- 483 en Hospital de Rengo (pág. 18)
Senador Juan Luis Castro: “Esto se tiene que acabar”
El Senador Juan Luis Castro González, quien impulsó esta investigación, fue enfático al calificar la situación como un «descalabro» que afecta directamente a los pacientes de la región.
«Los escándalos de licencias médicas que hemos conocido ya desde el año pasado han tenido muchas repercusiones. Por eso yo mismo pedí averiguar en la Contraloría qué pasaba con el ausentismo laboral… y el hallazgo es categórico», aseguró.
«Entre el año 2023 y el 2025 se pagaron casi 100 millones de pesos a personas que no trabajaban con licencias mayores de 6 meses… nunca se justificó claramente si ameritaban esas licencias o no». Por otro lado, las licencias rechazadas aparecen no recuperadas en sus porque recordemos que en el sector público se cancela la licencia directamente al trabajador, pero si está rechazada tiene que recuperarse por ese servicio, explicó Castro.
«La región de O’Higgins tiene 120.000 personas en lista de espera. No es posible que un derecho de seguridad social se vea entorpecido gravemente por un segmento de gente que aprovecha la licencia médica siendo funcionario de la salud, retardando la atención del mundo de personas en zona. Esto tiene que acabar», sentenció el senador.
“No es posible que un derecho de seguridad social como la licencia médica, que es un reposo justificado por una enfermedad, de pronto se vea entorpecido gravemente en esas listas de espera por un segmento de gente, no todo, un segmento que aprovecha la licencia médica siendo funcionario de la salud, retardando y difiriendo toda la atención(…)
Esto tiene que acabar y por eso la Contraloría ordena que en 60 días se restablezcan exactamente todos los dinero recaudado, el ordenamiento del sistema.
