Por: Patricio Miranda Humeres.
Un inserto publicado en medios de comunicación de la Comisión de Acogida y Contribución a la Reparación de la Congregación de los Hermanos Maristas desconcertó a algunos de los denunciantes de abusos dentro de la congregación y sus colegios.
Ello, porque en el texto enviado por la comisión, que funciona de manera autónoma y está encargada de recopilar antecedentes, relatos y denuncias de personas que fueron víctimas de abusos al interior de la comunidad religiosa en Chile por encargo de la misma congregación, hicieron un llamado a que los sobrevivientes se acerquen a entregar su testimonio, informando que el plazo “vence impostergablemente el día 31 de diciembre de 2021”.
Aquel límite causó extrañeza, ya que cuando se constituyó dicha comisión, con Ana Karina Árroz, María Luisa Sepúlveda y Lucas Sierra a la cabeza, quienes ya habían entregado su testimonio tanto a la congregación como a la justicia ordinaria recibieron un correo, donde se les informaba que el plazo era de seis meses.
Jaime Concha, denunciante del Caso Maristas, valoró que la congregación y la comisión realizaran la publicación en los medios, ya que les permite “tener una prueba fehaciente de lo que dicen de forma pública. Lo primero que se señala en ese inserto es que hay un reconocimiento de las vulneraciones a los derechos de las víctimas y las consecuencias que esto ha tenido para la vida de todos nosotros y eso es muy importante, porque antes no se había hecho”.
Con todo, también fue crítico del proceso. “Llama la atención que la congregación, al igual que la Iglesia Católica, insiste en considerarse un Estado dentro del Estado de Chile y en vez de llamar las presuntas víctimas a hacer las denuncias al Ministerio Público, que es donde corresponde para que se investigue, vuelven a pedir que vayan a la congregación y eso nos preocupa”, postula.
Concha también puso el foco en los plazos: “Ellos mismos se han contradicho en sus palabras. Lo que nos escribieron inicialmente no se condice con lo que ahora publican. Allí hay tratos distintos y ahí uno presupone, entonces, que hay personas que valen distinto. Que no da lo mismo aparecer ahora reconociéndose como una víctima a haberlo hecho antes. Eso nos parece revictimizante y retraumante, porque no hay denunciantes de primera y segunda categoría, somos todos iguales”.
En esa línea, el sobreviviente señala que la forma en que se llevó a cabo la conformación y misión de la comisión no fue lo que esperaban. “Ellos se autodenominaron para escuchar testimonios, darles peso de acuerdo a sus criterios y determinar gravedad de acuerdo a una escala que solo ellos habrán definido”, asevera Concha.
“Nosotros, en el caso particular de Eneas Espinoza, Evelyn Espinoza, Gonzalo Dezerega, del mío propio y otros, hemos hecho todo. Ido a la investigación canónica, a hablar con (Charles) Scicluna, a la Conferencia Episcopal, presentamos una querella en el Ministerio Público, todo lo que un ciudadano decente debe hacer para exigir justicia. Y lo único que no ha ocurrido es que la Congregación ni el colegio reconociera el daño causado y lo reparara. Eso es lo que está pendiente y todas estas comisiones que forman una y otra vez, que se arrogan el derecho a decidir la veracidad o gravedad de un determinado relato y ponerle precio al daño causado, nos parecen totalmente perversas”, agrega el denunciante.
“Una cosa es el funcionamiento de la comisión y otro el plazo para presentar antecedentes”
Consultado el abogado Lucas Sierra, integrante de la comisión, señaló que “hay que distinguir dos cosas. Uno es el plazo de funcionamiento de la comisión y otro es el plazo para presentar los casos o tomar contacto”.
Así, explicó que quienes quieran entregar antecedentes de nuevas denuncias tendrán hasta el 31 de diciembre para hacerlo. “De tal manera de dejarle tiempo después a la comisión para estudiar y analizar los casos nuevos”, puntualizó.
“Nosotros tenemos un plazo máximo de funcionamiento de seis meses (…). A nosotros nos gustaría poder terminar con este encargo de la congregación en el menor tiempo posible”, añadió.
Respecto de las críticas de los denunciantes por la omisión de algún llamado a entregar los antecedentes no solo a la instancia encargada por la congregación, sino que también al Ministerio Público, Sierra sostuvo que “la comisión no tiene nada que ver con la justicia ordinaria. Son canales paralelos y no excluyentes (…). Dentro del esquema de respuesta integral que está preparando la congregación es que se inserta esta comisión”.
