No es una novedad que durante el periodo de Juan Ramón Godoy hubo una serie de irregularidades en Rancagua, si bien la investigación penal se ha centrado especialmente en hechos ocurridos en la Corporación Municipal no es aventurado suponer que también sucedieron algunas situaciones extrañas al interior del municipio.
Es en este escenario que el concejal Patricio Henríquez levantó ante la Contraloría una denuncia respecto al uso y el «abuso» de viajes y capacitaciones por parte de concejales dentro del Municipio. Tras la investigación y dos informes la Contraloría no se dio por satisfecha con las respuestas entregadas por el municipio y ordenó la apertura de un juicio de cuenta contra exconcejales, en busca que devuelvan montos presuntamente mal entregados.
Eso sí, cabe señalar que hasta este momento de la investigación la Contraloría al levantar sus observaciones solo se ha comunicado con el municipio, siendo esta institución la que respondió a lo observado y no con los concejales cuestionados, quienes recién ahora en el contexto del Juicio de Cuentas pueden presentar directamente su defensa, por lo que la imputación de cargos en este contexto no significa de manera alguna culpabilidad.
VIAJES REPETITIVOS Y ALTO COSTO
El origen de la denuncia se centró en tres concejales que realizaron viajes repetitivos a la misma capacitación realizada en Colombia, donde se entregaron contenidos idénticos. Según Henríquez, esto es «absolutamente irregular».
Se detectó que un concejal viajó tres veces a la misma capacitación y otros dos concejales viajaron dos veces a Colombia, sin justificación alguna debido a que los contenidos eran prácticamente iguales. El costo total de estos tres viajes reiterativos ascendió a aproximadamente a 25 millones de pesos para el erario municipal.
La Contraloría extendió la investigación a otros viajes de concejales, identificando al concejal Carlos Arellano, quien asistió a 14 de 20 viajes estudiados, y al concejal Cristian Toledo, quien viajó 11 veces de los 20 analizados.
OBSERVACIONES NO LEVANTADAS
El informe de Contraloría señala diversas observaciones -tras dos informes- no fueron levantadas. En primer lugar, la exconcejala Valentina Cáceres, se inscribió para una capacitación en La Serena, según el informe no habría asistido, ya que señala devolvió el dinero de la inscripción, pero quedando pendiente los dineros de los viáticos. Posteriormente, durante un viaje a Puerto Varas, según el informe de Contraloría comprueba que, si bien asistió, apareció cobrando peajes en localidades distantes (como Fresia) mientras debería haber estado en el curso.
Por su parte, el concejal Carlos Arellano presuntamente en el mismo viaje a la región de Coquimbo, se retiró dos días antes del término, aduciendo estar enfermo, pero nunca notificó esto a nadie, lo que es considerado una ilegalidad por el denunciante.
Además, en un viaje a Chillán junto al concejal Toledo, se investiga una presunta adulteración de vales de taxi, donde tres comprobantes distintos fueron emitidos sin coherencia cronológica (ej. uno y tres emitidos hoy, y el dos emitido cinco días después). A raíz de estos temas, el concejal Toledo y otros devolvieron dinero.
DIPLOMADOS Y PASANTÍAS
El concejal Henríquez también cuestionó el pago de un diplomado que fue aceptado por el municipio para la exconcejala Cáceres, y los exconcejales Emerson Avendaño y Hugo Guzmán. Henríquez considera que esto es » irregular», ya que el diplomado no mejoraba la función municipal, sino que era un beneficio «absolutamente personal» financiado con la plata de todos los rancagüinos. Eso si estos diplomados fueron aprobados por el Concejo.
CONSECUENCIAS LEGALES Y JUICIO DE CUENTAS
La Contraloría ratificó a través de un segundo y un tercer informe, mantuvo las observaciones levantadas, la principal consecuencia administrativa es la apertura de un Juicio de Cuentas, mismo que se está llevando a cabo y busca recoger las versiones de los investigados.
Para entender, el Juicio de Cuentas es una facultad de la Contraloría para pedir resarcir estos dineros al erario municipal, obligando a cada involucrado a devolver el dinero.
Los concejales que aprobaron estos viajes también tienen responsabilidad y podrían tener que devolver el dinero con su propio peculio. Actualmente hay 19 implicados, incluyendo nueve funcionarios de finanzas y 10 concejales (incluido el exalcalde).
LA VOZ DE LOS INVESTIGADOS
Frente a estas acusaciones y a la apertura de un Juicio de Cuentas que buscará dilucidar presuntas responsabilidades, los investigados dieron a conocer su versión de lo que se está llevando a cabo por parte de Contraloría.
Hugo Guzmán, quien fue concejal de la Municipalidad de Rancagua durante un periodo y hoy candidato a Diputado por el Distrito 15, en una entrevista con El Rancagüino se refirió a las observaciones de la Contraloría General de la República, desvinculando los montos adeudados de cualquier acto de corrupción o malversación.
El candidato abordó las observaciones levantadas por la Contraloría y el municipio, que indican que hasta la fecha figura con una deuda de 98.000 pesos. Guzmán, quien se desempeñó como concejal, enfatizó que las situaciones señaladas corresponden a un «desorden administrativo por parte del municipio» y no a un delito, fraude o corrupción.
La Contraloría realizó observaciones relacionadas con la participación de Guzmán en un diplomado de «Gestión Municipal y Políticas Públicas Municipales» realizado en 2023. El exconcejal aseguró que asistió al curso dictado por la Universidad USACH con un 100% de asistencia y recibió su diploma en una ceremonia.
El diplomado de Gestión Municipal incluyó módulos sobre administración, contabilidad, funciones y procedimientos, y la creación y aprobación de presupuestos, materias que, según Guzmán, son «todas las materias relacionadas con la función del concejal». Tras finalizar el curso, entregó un informe en «tiempo y forma».
Respecto a la observación de la Contraloría sobre este diplomado, Guzmán señaló que se debió específicamente a que «faltaba una factura», lo cual es un tema administrativo del municipio. Subrayó que la ley faculta a los municipios a destinar recursos para la capacitación de concejales y funcionarios, por lo que el gasto estuvo «dentro del marco legal».
La deuda actual se relaciona principalmente con un viaje de capacitación a Valdivia, realizado a un curso de la Asociación Chilena de Municipalidades, el cual también fue aprobado en Concejo Municipal.
Guzmán explicó que la administración cometió un error que involucró a los concejales porque «hicimos el viaje en vehículo particular y no en avión». Este hecho generó dos observaciones distintas de cobro.
La primera es de $78.000 pesos que correspondía a un día adicional de viático que se les asignó, ya que viajaron en vehículo particular, implicando un día de traslado no cubierto por la capacitación.
Contraloría fue «super clara en decir que no correspondía un día más de viaje». Guzmán afirmó que este monto de 78.000 pesos ya fue cancelado y devuelto al municipio (una devolución de viático).
Y segundo los $98.633 pesos, este monto corresponde a un gasto en combustible y peajes incurrido en ese mismo viaje, el candidato fue notificado de este segundo monto posteriormente. El exconcejal reconoció que debe reponer los $98.633 pesos a las arcas municipales, ya que la Contraloría dictaminó que, al viajar en vehículo particular, el gasto de bencina no correspondía.
Posteriormente, a la realización de esta entrevista el exconcejal canceló la suma de $98.633, según consta en una orden de ingreso municipal.
Guzmán insistió en que su actuar siempre fue con transparencia y dentro del marco legal, rindiendo los informes y boletas correspondientes. «Yo acato la observación de Contraloría y pago lo que tenga que pagar y en eso no me pierdo y no tengo problema».
Si bien, Guzmán está involucrado en el Juicio de Cuentas administrativo, también mencionó que este involucra a excolegas con sumas de dinero más grandes. El candidato aclaró que, aunque figura como una especie de «codeudor solidario» por la observación total de Contraloría, esto incluye temas como los viajes a Colombia, a los cuales él no asistió, pero sí aprobó en Concejo actuando «de buena fe».
Respecto a la notificación y el proceso legal, Guzmán sostuvo que él no apeló personalmente a las observaciones, pero que presentó sus descargos a través de su abogado, quien ha respondido y presentado la documentación necesaria.
Por su lado, Valentina Cáceres en abordó las presuntas irregularidades administrativas relacionadas con su asistencia a capacitaciones municipales.
Cáceres agradeció la oportunidad de exponer antecedentes y documentos que, según afirma, «demuestran claramente que no he faltado jamás al mandato» que le entregaron los vecinos.
La candidata al poder Legislativo por el Distrito 15, señaló que los antecedentes iniciales entregados por la Municipalidad de Rancagua a la Contraloría contienen «errores evidentes», lo que subraya la necesidad de modernizar el sistema municipal completo con una nueva legislación.
Cáceres enfatizó, con «total seguridad y transparencia», que sí asistió y participó en las capacitaciones realizadas tanto en La Serena como en Puerto Varas.
La exconcejala detalló que se reunió hace unas semanas con la contralora regional para manifestar su preocupación por las «conclusiones erróneas» del informe. También se reunió con representantes del Municipio de Rancagua, institución a la que acusa de no haber presentado a tiempo los antecedentes que acreditaban su efectiva participación.
Respecto a la Capacitación en La Serena llevada a cabo entre el 23 y el 26 de enero de 2024, Cáceres aseguró que asistió y participó en todas las jornadas. Su presencia está avalada por dos documentos oficiales emitidos por la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), organizadora del evento: la lista de asistencia que acredita su participación en las jornadas de mañana y tarde, y el certificado de participación.
Cáceres también reafirmó su asistencia y participación en todas las jornadas de capacitación en Puerto Varas. Al igual que con La Serena, su participación se comprueba con la lista de asistencia y el certificado de participación emitidos por la ACHM.
Uno de los puntos clave cuestionados por Contraloría fue la devolución de $300.000 por la inscripción de la capacitación en La Serena. Cáceres aclaró que, si bien devolvió el monto, esto «no se debió por no haber participado de dicha actividad».
Explicó que la Municipalidad de Rancagua había transferido ese dinero a su cuenta personal para que ella cancelara la inscripción de forma presencial. Sin embargo, una vez en La Serena, se le informó que el municipio ya había cancelado la inscripción vía transferencia.
El municipio reconoció que, «por un error involuntario», se había transferido el monto a su cuenta. En un «acto de probidad» y en su convicción de cuidar los recursos públicos, Cáceres realizó la devolución del dinero el mismo 23 de enero.
Además, señaló que optó voluntariamente por no presentar un informe de gasto de combustible y peajes, costeando ese gasto con «dineros propios y no a través de recursos municipales».
En un aspecto favorable a su defensa, Contraloría afirmó dejar sin efecto la acción de reparo en relación al gasto del Diplomado en Gestión Municipal, en virtud de una factura emitida por la Universidad de Santiago de Chile.
Finalmente, Cáceres afirmó estar ejerciendo su derecho a defensa junto a su equipo jurídico, quienes presentarán toda la documentación y pruebas pertinentes en la etapa procesal correspondiente.
Mientras que, la exconcejala Viviana Morales entregó su relato, asegurando que las observaciones se centran en la revisión de formalidades y respaldos administrativos, y no en la malversación o el uso indebido de recursos.
Morales, indicó que, tras dos informes sin respuesta adecuada por parte del Municipio y del alcalde de la época, la Contraloría debió concurrir a la Municipalidad para requerir antecedentes.
Pese a esta falta de respuesta municipal oportuna, menciona que “sí presenté los informes y descargos en tiempo y forma”. La exautoridad es enfática al delimitar su rol, señalando que no administra ni maneja fondos, sino que su función es deliberar y fiscalizar. En este sentido, sostuvo que los concejales no manejan esos recursos, ya que el Municipio paga directamente pasajes, viáticos e inscripciones a las entidades organizadoras.
La exconcejala aclaró que estas actividades fueron propuestas por el alcalde y aprobadas por unanimidad por el concejo. Participó en ellas, cumpliendo con su deber de asistir, capacitarse y rendir cuenta.
El punto central de la defensa de la exconcejala radica en la responsabilidad administrativa. Si faltan respaldos, como la factura de inscripción de un curso de la Escuela de Invierno de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), esto constituye un déficit del órgano pagador, no de los concejales.
Destaca que “la contabilidad, el pago y la custodia de documentos corresponden a la administración municipal (DAF, Tesorería)”.
Morales explicó que, en un caso específico, falta la factura en el expediente municipal. Reitera que ella asistió a las actividades y tiene el certificado de la ACHM y la asistencia acreditada.
Además, la exconcejala puntualizó un error en los reparos de Contraloría, donde se solicitó mostrar “proyectos” derivados de los cursos. Ella aclaró que los concejales no presentan ni ejecutan proyectos; la capacitación es para deliberar mejor, evaluar pertinencia y fiscalizar, no para sustituir funciones ejecutivas.
Durante la investigación, la exconcejala indicó que “entregué todos mis certificados, incluso intenté adjuntarlos proactivamente, ante la escasa colaboración del Municipio, pero la Contraloría me indicó formalmente que era una investigación en curso y que no correspondía presentarlos por esa vía”.
Finalmente, la exconcejala expresó que “respeta plenamente la institucionalidad”, subrayó que, “si hubiese una resolución firme que ordene reintegro, la acataré”.
Enfatizó que, “de producirse una devolución, sería por motivos administrativos (falta de respaldo formal) y no por uso indebido de dineros”.
Aseguró que su estándar “es la transparencia y la responsabilidad con Rancagua, y ejerceré las instancias legales correspondan para que se reconozca mi buena fe.
Consultada sobre el curso que realizó en 2023 donde aparece matriculada, y donde existe un problema con la factura señala que “fue parte de la Escuela de Invierno de la ACHM (Asociación Chilena de Municipalidades), igual que todos los cursos fue autorizada participación, asistí y cumplí con todo. El municipio financió la inscripción (como en otras actividades), pero según el informe faltaría la factura en el expediente municipal”.
Reiteró que “no recibí ni administré dineros. El pago lo hizo el Municipio a la entidad organizadora y el viático se usó para el cometido oficial, con su rendición. Si falta un antecedente, se entrega; si hubo un error de archivo, se corrige”.
Finaliza mencionando que “seguiré disponible para aclarar lo que sea necesario, con integridad y apego a la legalidad”.
Por su parte, el exconcejal Carlos Arellano quien forma parte de la investigación del ente fiscalizador se apega a una Declaración Pública difundida el pasado 30 de septiembre donde se dice que “el reparo se centra en gastos por cursos de capacitación y pasantías en el extranjero, esas actividades fueron promovidas por la Alcaldía, organizadas por la Asociación Chilena de Municipalidades y autorizadas mediante decretos alcaldicios aprobados unánimemente por el Concejo Municipal tras la certificación y la garantía de pertinencia emitidas por la entidad técnica encargada de las capacitaciones, en conformidad con el ítem legal aplicable a estos efectos”.
En dicho escrito se agrega además que “la resolución definitiva se encuentra en manos del Juzgado de Cuentas; en el expediente no existen imputaciones por mal uso de recursos ni por malversación, conductas que, de haber sido observadas por la Contraloría, habrían sido remitidas por el Ministerio Público”.
Por último, en la Declaración que “se reafirma nuestro compromiso con la transparencia y exigimos que la Municipalidad aporte la documentación pendiente y colabore con las diligencias necesarias para el esclarecimiento”.
El actual concejal Cristian Toledo consultado para entregar sus declaraciones mencionó que “el abogado está llevando a cabo el tema y que no tiene más información”.
Mientras que Emerson Avendaño declinó a referirse al tema, pese a que se hizo la gestión para obtener su versión.
MUNICIPALIDAD SE REFIERE AL PROCESO INVESTIGATIVO
El administrador municipal de Rancagua, Pedro Pablo Miranda, se refirió al tema. En entrevista exclusiva, el funcionario subrayó que los hechos observados ocurrieron en períodos anteriores y que la responsabilidad de subsanar los reparos recayó en la administración previa.
El informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República se notificó a la municipalidad durante el año pasado, en el periodo de la administración anterior. Dicho informe observó «inconsistencias» respecto a los «cometidos de función de los concejales», específicamente en relación con la asistencia a capacitaciones y los pagos asociados, como viáticos o costos de inscripción.
El administrador municipal fue enfático al señalar que los hechos ocurrieron con anterioridad y que la subsanación de las observaciones se realizó «durante la administración del exalcalde Emerson Avendaño».
Si bien la función municipal es continua y la actual gestión debe hacerse cargo de «lo bueno y lo malo», el funcionario aclaró que a la administración vigente no le correspondió «tener que entregar esos antecedentes a la Contraloría».
La participación de la gestión actual se limitó a tres puntos, el primero en recibir la notificación del resultado final de la auditoría de la Contraloría General de la República, segundo poner el resultado de este informe en conocimiento del Concejo Municipal y por último, notificar a todos los concejales y exconcejales involucrados sobre los reparos respectivos que estaba haciendo la Contraloría.
El municipio actual sí debió solicitar a la Contraloría que resolviera una solicitud de reconsideración que había presentado la administración anterior del exalcalde Avendaño, con el fin de poder «cerrar este tema».
El administrador abordó las declaraciones de la exconcejala, Valentina Cáceres, quien mencionó que los errores eran «evidentes» y que se había reunido con representantes municipales.
El funcionario confirmó que la exconcejala Cáceres requirió una reunión y fue recibida por él y el director de asesoría jurídica, donde se le explicaron los alcances del informe que la Contraloría había puesto en conocimiento. No obstante, el administrador recalcó que los «errores» mencionados por la exconcejala no ocurrieron durante la gestión actual, sino «durante la administración donde ella además era concejala».
Respecto a cuestionamientos sobre la responsabilidad del municipio en errores o «debilidades de la entrega» de antecedentes, el administrador insistió en que la labor de «recopilación y entrega de antecedentes» se hizo durante la administración anterior. En cuanto a las sumas de dinero en cuestión o si existió un «error voluntario» en la inscripción a una capacitación, el funcionario indicó que la auditoría fue realizada por la Contraloría, no por la municipalidad, y que no tiene forma de hacerse cargo de un antecedente que la Contraloría «estimó, conoció, determinó y resolvió». Actualmente, el proceso derivado del informe de auditoría se encuentra en la etapa de Juicio de Cuentas.
El administrador enfatizó que en esta instancia la Municipalidad de Rancagua no interviene directamente. El Juicio de Cuentas es una función jurisdiccional que lleva a cabo la Contraloría General de la República, son cada uno de los involucrados quienes están llamados a «ejercer su legítima defensa ante la Contraloría por los reparos que se están haciendo».
De esta manera, cualquier determinación sobre eventuales acciones legales o responsabilidades será definida por la Contraloría, no por el municipio.
Un juicio de cuentas es un procedimiento judicial especial que busca determinar la responsabilidad civil o contable de una persona que, en el ejercicio de sus funciones públicas, ha gestionado fondos o bienes del Estado y ha provocado un perjuicio patrimonial. Se inicia, generalmente, después de una auditoría de la Contraloría o Tribunal de Cuentas, y su objetivo es que se rindan las cuentas y se resarza el daño al fisco si se comprueba un mal manejo de los recursos.
Es en este punto donde todos los investigados entre concejales, exconcejales y funcionarios municipales han tenido que rendir su versión frente a la acusación que lleva a cabo el ente contralor. Hoy es ese organismo el responsable de deliberar y entregar los resultados con respecto a presuntas irregularidades.
