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Investigación permite incautar 52 toneladas de cobre robado a El Teniente, Enel y Transelec.

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Por:Fernando Ávila F.

Luego de una investigación conjunta entre la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía O’Higgins y la Brigada Investigadora de Robo (BIRO) Rancagua, permitió la incautación de 97 toneladas de material robado a Transelec, Enel y Codelco, correspondiendo 52 de ellas a cobre de alta pureza.

Ambas instituciones se encuentran trabajando hace dos años el “foco cobre”, el cual ha permitido recuperar importantes cantidades del metal rojo desde que comenzó su labor. Sin embargo, desde la semana pasada recopilaron información que permitió desarrollar una importante operación en las ciudades de Rancagua, Santiago y San Antonio.

El pasado 4 de agosto, tras diversas diligencias investigativas, los detectives de la BIRO Rancagua pudieron establecer que dos camiones bajarían, de manera ilícita, rebarbas de cobre desde CODELCO El Teniente, metal cuya pureza alcanza el 99%.

Debido a lo anterior, ambos camiones fueron controlados en el sector de Gultro, en la comuna de Olivar, lugar donde los detectives pudieron comprobar la presencia en ambos vehículos de cuatro toneladas de material perteneciente a El Teniente, razón por la cual fueron detenidos un chileno y un ciudadano extranjero.

En su oportunidad, tanto la BIRO, como la Fiscalía O’Higgins, señalaron que el modus operandi decía relación con la coordinación de personas que bajaban el cobre por los cerros aledaños a CODELCO División El Teniente, utilizando mulas para el traslado por las quebradas, hasta a llegar alguna ruta vehicular donde esperaban los camiones de carga que, posteriormente, trasladaban el metal hasta una empresa de manejo de residuos industriales que, según indican los antecedentes, lo compraba.

Con la información obtenida, la PDI se trasladó hasta las bodegas de la empresa de manejo de residuos industriales señalada como la receptora del metal rojo, ubicada en la comuna de San Bernardo, donde se comprobó la presencia de 21 toneladas de rebarbas de cobre y cable de cobre, material que fue reconocido por CODELCO, Transelec y Enel.

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Tras el hallazgo, el dueño de la empresa, un ciudadano de nacionalidad india, fue detenido por el delito de receptación agravada y trasladado hasta la PDI de Rancagua para los trámites asociados a su detención.

A pesar del importante hallazgo efectuado gracias a la investigación de la BIRO Rancagua y el Ministerio Público, existía información que indicaba la presencia en el Puerto de San Antonio de cinco containners pertenecientes a la empresa del ciudadano extranjero, los cuales estaban prontos a ser enviados con destino a Estados Unidos y la India.

Esto fue informado al fiscal de la causa, quien gestionó ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, una orden de apertura para los cinco contenedores que estaban en San Antonio, los que fueron abiertos por la PDI y personal de Aduanas, uno de los cuales tenía alrededor de 27 toneladas de rebarbas de cobre perteneciente a CODELCO y otros dos contenedores que tenían casi 45 toneladas de cable de cobre y aluminio, material que habría sido robado a Enel y Transelec.

Según informó la PDI, la operación permitió incautar cobre y cable de aluminio y cobre, cuyo avalúo alcanza los mil millones de pesos, aproximadamente. En lo que respecta al dueño de la empresa receptora, el Tribunal de Garantía de Rancagua decretó su prisión preventiva por el plazo de dos años, mismo tiempo que se concedió para continuar la investigación.

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El desfile del 2 de octubre sigue secuestrado por el poder central y sus representantes.

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El desfile del 2 de octubre desde siempre ha sido una fiesta rancagüina, el inicio de las festividades de la capital regional que terminaban el 5 de octubre con la celebración de la fundación de Rancagua.

Y desde sus inicios fue por lo tanto una fiesta organizada por el municipio local, hasta que tras el golpe militar de 1973 como tantas otras cosas fue cambiada por decreto, transformándose una fiesta ciudadana en un acto netamente militar pasando a ser controlado por la intendencia, ya que el intendente en esa época era entendido como un superior a los alcaldes también designados y no dos poderes diferentes con distintos ámbitos de acción como lo son hoy el delegado presidencial y los alcaldes electos popularmente.

Y así continua desde ese momento y hasta ahora la organización de este desfile quedó en manos de los representantes del poder central sin que exista alguna norma que diga que debiese ser la intendencia o su heredera la delegación presidencial quien organice el evento, más allá de lo que se argumente que el Ministerio de Defensa está involucrado a través de la presencia militar, pero las Fuerzas Armadas si bien son un importante actor, son invitados, por lo que no corre este argumento. Recordemos que los patriotas que combatieron en Rancagua era más bien ciudadanos movilizados, vecinos que tomaron las armas en defensa de su patria, más que un ejercito profesional.

Si bien esta inercia de la historia no se pudo, o no se quiso romper mientras existieron las intendencias, el año pasado continúo de la peor manera con un deslucido desfile casi sin público pese a que las normas de la pandemia ya permitían un aforo mucho más amplio y este año continúa con la confesión previa del Delegado de no tener la capacidad para organizar esta fiesta en la calle, capacidad que si tienen Chillán, Valparaíso y Arica por nombrar solo algunas ciudades donde sus desfiles son realizados en las calles. Esta de más decir que si no se tiene la capacidad, lo mínimo es dar espacio para alguien que sí la tenga asuma esa responsabilidad.

 Un desfile en un estadio es una anomalía que poco se entiende que siga siendo defendida por quienes aseguraron ser un gobierno más cercano a la gente, salvo que la esperanza de una “correcta” repartición de entradas traiga algún tipo de redito político. Cabe consignar que oficialmente, salvo la confesión de falta de capacidad, nada se ha dicho sobre este 2 de octubre, y menos sobre el siempre polémico tema de las entradas al mismo tiempo que los rumores de palacio aseguran que sería con la presencia del presidente Boric.

No sólo ha sido una oportunidad perdida, sino también pone de manifiesto una tensión que ya habíamos advertido cuando fue aprobada la ley, sobre quien es la primera autoridad regional. ¿El Delegado Presidencial representante del poder central o el electo popularmente Gobernador Regional? . En lo simbólico esta disputa parece no estar zanjada completamente, basta ver quien pasa revista a las tropas y a quien se le solicitó autorización para comenzar los desfiles de fiestas patrias, sin considerar que los organizadores de una fiesta ciudadana debiesen aquellas autoridades electas popularmente, en el caso de este 2 de octubre al ser una fiesta rancagüina el municipio local con el apoyo del Gobierno Regional.

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Con todo el objetivo de hacer algo mejor que el desastre del 2022 debiese ser un mínimo objetivo no muy difícil de alcanzar tras el bochorno del año pasado con un desfile por el pueblo, pero sin el pueblo que solo a la distancia fue invitado a observar.

Luis Fernando González V.

Sub Director

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Gran participación en una nueva versión de la Corrida San Lorenzo

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Este domingo, por diversas calles de Rancagua, se llevó a efecto esta tradicional prueba pedestre de la capital regional.
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Originalmente se corría durante agosto, pero producto de la emergencia por las inundaciones, todo se trasladó para este domingo.

Por diversas calles de Rancagua, cientos de corredores –de todas las edades- participaron en la 36° Corrida San Lorenzo, certamen pedestre que todos los años reúne a los runners de la capital regional y que se corre en honor al patrono de los mineros.

Organizada por el Círculo Social Sewell, y que contó con el apoyo de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Rancagua, en una mañana fría se dio la largada y, tras varios minutos de recorrido, grandes y chicos llegaron a la meta cumpliendo con sus expectativas.

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Política de construcción de embalses.

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En medio de la discusión sobre si el país debe volver a implementar una política de construcción de embalses, resulta necesario precisar qué se ha hecho en la materia y sugerir líneas de acción.

La autoridad anunció en 2019 un extenso plan de 26 grandes embalses -con una capacidad entre 25 y 500 millones de m3-, financiados por el Estado,  el que se redujo solamente a cuatro. Esta iniciativa no tuvo éxito principalmente porque el cambio climático parecía ir reduciendo la disponibilidad hídrica, lo que ponía en cuestión que dichos embalses se pudieran llenar y por el agotador trámite para su construcción que toma entre 12 a 20 años. A esto se suma la dificultad de financiamiento.

Los privados, en cambio, durante este periodo de sequía han construido muchos pequeños embalses -de menos de dos millones de metros cúbicos- bajo financiamiento propio y con un trámite y autorización que permite emplazarlos en un periodo de alrededor de tres años.

Hoy casi no se construyen embalses de capacidades entre 2 y 25 millones de m3, a pesar de las ventajas que tienen en cuanto a identificar lugares de emplazamiento, grupos de interesados, una menor cantidad de afectados, territorios limitados, financiamiento, menores problemas ambientales e interferencias con obras existentes. Se trata de obras construidas  fuera de los cauces de los ríos para evitar las crecidas destructivas como las que ocurrieron este año.

Hay otras consideraciones. Para solucionar el problema de la escasez hídrica en el valle central, es recomendable utilizar la regulación en embalses subterráneos y superficiales. Ambas soluciones son complementarias. Los acuíferos han adquirido mayor importancia en el tiempo: el agua bombeada ha salvado situaciones de crisis de la demanda. Sin embargo, para su utilización plena se requiere más información para determinar los volúmenes extraíbles en relación con las aguas superficiales que provienen de la misma fuente. Sin esta información no se pueden hacer predicciones en los modelos, por sofisticados que estos sean.

Respecto a otras fuentes requeridas, el tratamiento de aguas servidas es de interés, suponiendo que los costos son pagados por los usuarios del agua potable y que las inversiones para su habilitación son compensados por beneficios ambientales.  

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También hay que señalar que resulta necesaria la participación de las juntas de vigilancia en estos procesos, las que tienen la facultad legal de construir obras y además la experiencia para definir lo que se necesita. Tal como han planteado los expertos, es imposible que los profesionales de las instituciones, a pesar de una excelente preparación, puedan dar soluciones acertadas a los problemas de escasez sin la colaboración de quienes la sufren.

Aunque se puede mejorar la institucionalidad vigente, es posible en este caso operar con la actual.

El programa “Chile irrigation” del Banco Mundial permitió entre 1995 y 2005 la construcción de 50 obras de riego. Fue clave  una donación japonesa para financiar 20 proyectos bajo el concepto “sin proyectos no hay obras”.   

Luis Jorquera

Asesor del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).

Miembro del  Consejo de la Sociedad Civil CNR

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