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Vecinos de Zúñiga acusan discriminación arbitraria por resolución que los dejó sin alcantarillado

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Por: Patricio Miranda Humeres / Fotos: Héctor Vargas.

Molestos están los vecinos del casco histórico de la localidad de Zúñiga, en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua. Ello, porque hoy enfrentan una compleja situación que los dejó fuera del proyecto de alcantarillado y mejoramiento de agua potable en el sector, tras una serie de desencuentros con el municipio.

Las discusiones no son nuevas y el conflicto se arrastra desde hace años, según señala Amanda Droguett, presidenta del Comité de Reconstrucción y Conservación Patrimonial Zona Típica de Zúñiga y su Entorno.

“En 2005 partió el proyecto de mejoramiento sanitario, con una tremenda inversión, donde se considera tanto el casco histórico como los alrededores”, apunta la dirigente. “En 2017 empieza la construcción y nos dimos cuenta que hay un problema de diseño, que consideraba la instalación de los ductos de alcantarillado y matrices de agua potable a unos 40 centímetros de la línea de construcción de las casas, lo que puede provocar un daño estructural irreversible en las casas”.

Droguett sostiene que manifestaron sus reparos al municipio, pero sintieron que había “una especie de aceleramiento” para llevar a cabo las obras. “No quisieron ceder y lo único que había que hacer era trasladar las matrices a la calle, como se ha hecho en todas partes. El ducto de alcantarillado, en general, va por la calle y las matrices por la zarpa”, asevera la dirigenta.

Considerando que desde 2005 el pueblo de Zúñiga fue declarado como Zona Típica, los vecinos decidieron recurrir al Consejo de Monumentos Nacionales, que en julio de 2018 sentó un precedente en el caso al no autorizar la intervención de las veredas.

Con todo, ese mismo mes, el alcalde Jaime González respondió a las observaciones realizadas por la entidad, que resolvió autorizar el proyecto con indicaciones y permitiendo que se realizaran las obras en las veredas.

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Los vecinos reclamaron con un recurso de reposición que fue desestimado, lo que los llevó a recurrir a la justicia ordinaria. En una primera instancia, el recurso de protección que presentaron los residentes en la Corte de Apelaciones de Rancagua fue desestimado en agosto de 2019. Un mes después, la Corte Suprema revocó dicho fallo y obligó al municipio a ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

“Una verdadera represalia”

Hasta allí, los vecinos sintieron que habían triunfado, pero la contraofensiva del municipio los desconcertó.
En un nuevo recurso de protección interpuesto por el comité, acusan que las obras continuaron “mediante excavaciones y uso de maquinaria pesada, interviniendo sitios protegidos (…). Desacatando lo ordenado por la Excelentísima Corte Suprema”.

Además, denuncian que “de manera sorpresiva e inesperada, de oficio y sin requerimiento alguno”, la Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua presentó un escrito a la Corte de Apelaciones de Rancagua donde informó que se había “desistido del proyecto” de alcantarillado y agua potable para Zúñiga.

El problema, acusan, es que ello no ocurrió, ya que las obras originales comprendían un trazado de 21 kilómetros y solo 1,1 corresponden al casco histórico, único tramo donde los residentes fueron excluidos del sistema de alcantarillado.

En el escrito del recurso, se lee sobre este punto que “desde el año 2018 en adelante (el proyecto) nunca ha sido interrumpido, paralizado ni desistido, encontrándose actualmente en su etapa final de ejecución, con un estado de avance del 90 % respecto del alcantarillado y del 100 % respecto del agua potable, según información entregada por el ingeniero a cargo de la empresa constructora”.

Así, acusan “arbitrariedad” e “ilegalidad” en el accionar del municipio y señalan que no existe motivo “para dejar a la zona sin servicio de alcantarillado y de mejoramiento de agua potable, apareciendo tal decisión tanto como una represalia, así como una excusa para evitar el estudio de impacto ambiental exigido y ordenado por la Excelentísima Corte Suprema”.

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“Nosotros llamamos al municipio, quedaron de venir y nunca aparecieron”, reclama Droguett. “De ahí que no hemos vuelto a tener ninguna conversación más con ellos”.

Renato Ortega, también vecino y abogado del comité, afirma que “la situación es un tanto grave desde el punto de vista legal, ya que la Municipalidad de San Vicente no ha cumplido con el fallo de la Corte Suprema” y que se transgredió la Ley de Monumentos Nacionales, ya que “el pueblo típico de Zúñiga continuó siendo intervenido con excavaciones y uso de maquinaria pesada, a pesar de las prohibiciones tanto de la Suprema como del Consejo de Monumentos Nacionales”.

Por ello, es que buscan que el proyecto se ejecute, pero con las consideraciones necesarias para no generar un perjuicio tanto al patrimonio como a la calidad de vida de los habitantes del casco histórico.

Abigaíl Díaz, otra de las vecinas, nacida y criada en Zúñiga, lamenta lo que han debido enfrentar como comunidad: “Uno se siente pasado a llevar. No tenemos acceso a un agua purificada ni a un alcantarillado, porque todo lo que hay ya colapsó. Tiene que haber alguien que ponga orden, que se realicen bien las obras y que los recursos ya aprobados se ocupen en este pueblo”.

Coincide Droguett, presidenta del comité. “Queremos que se cumpla lo que estaba proyectado y que también seamos beneficiarios de la tremenda inversión que se está haciendo en este sector, porque hay casas donde no puede haber un saneamiento por temas de acceso o de espacios”, puntualiza. “Casi todas las casas tienen fosas que ya están saturadas y cumplieron con su vida útil. Son aproximadamente 52 casas las que quedaron fuera y en muchas de ellas quienes viven allí son personas mayores. Esto es una injusticia”.

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