Por: Patricio Miranda Humeres
El golpe que recibió un docente del Liceo Comercial Diego Portales de Rancagua por parte de un alumno evidenció una serie de falencias y temas pendientes en el sistema educativo.
Alexandra Gutiérrez, directora (s) de la división de Educación de la Cormun, sostenedor del liceo, aseguró que la situación ocurrió “por un retraso, una descoordinación que existió entre las expectativas del docente y las del estudiante sobre el orden de salida”.
De ahí en adelante, y tras la agresión, se siguieron los reglamentos tanto internos como la Ley Aula Segura. Gutiérrez relata que desde el liceo intentaron contactar a la apoderada del alumno, sin éxito, pero que al día siguiente la mujer acudió al colegio.
“El establecimiento puso en conocimiento del apoderado los protocolos, en qué consta la Ley Aula Segura y las consecuencias que puede tener. En ese instante, el apoderado pone en conocimiento del establecimiento que el estudiante cuenta con un diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista que no estaba tratado”, afirma Gutiérrez.
“Nosotros, lamentablemente, no habíamos tenido acceso a esa información al momento de la matrícula, ningún informe o algo que nos permitiese saber, porque es muy distinto cómo tratar a un estudiante cuando está descompensado y cuyo diagnóstico conocemos, a cómo podemos reaccionar cuando un estudiante solo muestra una conducta agresiva”, agrega la directora (s) de la división de Educación de la Cormun.
Urbi Rojas, directora del Liceo Comercial Diego Portales, señala que durante esa conversación con la apoderada, la mujer decidió sacar a su hijo del colegio: “Cuando un apoderado decide retirar a un estudiante, independiente de que esté dentro de un procedimiento, está dentro de sus facultades, por lo que el proceso (con el alumno) queda hasta ahí”, señala Rojas.
Gutiérrez respalda el accionar. “Eso es respecto del mismo establecimiento, porque la normativa quizás llevaría a una suspensión o algo que no se puede aplicar, porque el estudiante ya no está allí. Ahora, esto también conlleva un proceso que es de carácter penal y que va más allá de lo que hace o no el liceo. Esa responsabilidad sigue vigente y ese proceso sigue por fuera de la responsabilidad del establecimiento”.
Con todo, la máxima autoridad del liceo asegura que, a raíz del episodio, el tema se conversó en el colegio con los distintos estamentos y que existen instancias donde se hace énfasis en la prevención e impacto de la violencia dentro de las comunidades escolares. Rojas aseguró, además, que el profesor contará con apoyo psicológico en su regreso a las aulas.
Y aunque la situación ocurrió el 7 de marzo, Gutiérrez, de la Cormun, reconoce que aún no cuentan con un documento que acredite el diagnóstico médico del estudiante: “Ahí hay una dificultad que la apoderada está teniendo con el establecimiento de origen que no es de la Cormun, en el cual hay algunos documentos retenidos, desconozco la historia que hay detrás”.
Eso sí, la directora hace hincapié en que “el establecimiento que recibe al estudiante, al ser también de nuestra corporación, lo hace en conocimiento de que hay un seguimiento importante que hacer” y que hay evaluaciones “que quizás se demoren un poquito más, pero los profesionales del Programa de Integración Escolar, desde el momento en que el estudiante accede al establecimiento, pueden empezar a trabajar con él y anticipar un plan de trabajo a lo largo del año”.
Nicolás Salgado, presidente del Colegio de Profesores comunal Rancagua:
“Muchas veces los apoderados no informan o nos llega la información recién la tercera semana de clases”
Apenas tuvieron conocimiento del hecho, el capítulo rancagüino del Colegio de Profesores conversó con el docente afectado. “Encontramos lamentable cualquier acto de violencia hacia un integrante de la comunidad educativa. Que pasen estas cosas para nosotros es terrible”, afirmó Nicolás Salgado, presidente del Magisterio comunal.
“Esto es un problema sistémico y estructural, que tiene que ver con las condiciones de trabajo y muchas veces cuando ocurren actos de violencia, se inclina la balanza más hacia los otros integrantes y el profesor prácticamente tiene que asumir”, postula el dirigente. “Siempre analizamos el origen de la violencia, no podemos cuestionar previamente y debemos hacer un análisis, pero esto tiene un límite y muchas veces los empleadores no se hacen cargo de estos casos y los profesores tienen que recurrir a la justicia”.
Respecto a la omisión de parte de la apoderada sobre la condición del estudiante, Salgado asegura que no es necesariamente un caso aislado y que las dinámicas que se dan dentro de los colegios muchas veces dificultan que los profesores puedan tener la información en el tiempo pertinente.
“Muchas veces pasa por un tema de gestión, que nos entregan la información la segunda o tercera semana después de iniciadas las clases, pero son varios los problemas y factores”, dice el dirigente. “En muchas ocasiones, los apoderados no informan o no llevan la información que acredite que el estudiante tiene un diagnóstico. Además nosotros volvemos a nuestro trabajo uno o dos días antes que los estudiantes, entonces el tiempo no da para preparar bien los procesos de enseñanza, aprendizaje, diagnósticos y coordinaciones con los equipos PIE”.
Esa inmediatez, plantea Salgado, “expone principalmente al alumno, demás de sus pares y a toda la comunidad educativa. Esto atenta también al derecho a educarse del niño, porque no se pueden hacer correctamente las adecuaciones curriculares para este estudiante”.
El docente también es crítico respecto de la decisión del colegio y de la Cormun de trasladar al alumno: “Lamentamos que el niño tenga que andar de colegio en colegio, porque la escuela debe hacerse cargo de la situación. Sacarlo no es una solución, porque atenta contra su derecho a la educación”.
Así, para el dirigente es clave que tanto los protocolos como los reglamentos internos de los colegios y liceos estén en constante revisión. “La sociedad va avanzando y cambiando, las familias no son las mismas de hace 10 años atrás, entonces es necesario que se actualicen constantemente, pero con la participación de todos y no solo del encargado o encargada de convivencia escolar. Debe ser un proceso trabajado en el consejo escolar y que participe toda la comunidad educativa. La conformación del reglamento interno de los colegios tiene que ser consensuada entre todos”.
Salgado termina con una reflexión: “Los fenómenos de violencia escolar a distintos niveles y dimensiones son el fiel reflejo de los principios y conductas que la sociedad ha ido normalizando. La hiper individualización, la competencia, la negación de la salud mental. Tenemos también la pérdida del trabajo colaborativo, el deterioro progresivo de la calidad de la vida. Todas esas cosas llevan a estos actos de violencia que estamos viendo prácticamente todos los días, donde aparece un profesor apuñalado o alumnos golpeándose. Y a pesar de que estamos súper desprotegidos por la normativa, igual nos hacemos cargo del problema desde nuestras limitaciones”.
Elizabeth Escobedo, presidenta de la agrupación Autismo Rancagua:
“La principal falencia es no informar”
Elizabeth Escobedo conoce de cerca el trabajo y las implicancias que tiene para una persona del espectro autista enfrentarse al sistema escolar. Es madre de un joven con autismo y también presidenta de la agrupación Autismo Rancagua.
Para Escobedo, es necesario regular y establecer protocolos para personas en situación de discapacidad, pero también es clave que los establecimientos educacionales cuenten con la información necesaria para poder llevarlos a cabo: “Hay medidas que se pueden aplicar, pero pasa muchas veces que mamás o papás, para que no discriminen a sus hijos o porque no quieren que se sepa que tiene autismo, tratan de esconderlo. Ahí hay una responsabilidad de parte de nosotros como papás que tenemos que asumir”.
La activista también plantea que situaciones como la del profesor agredido se pueden evitar si se toman las acciones correspondientes y que la violencia no es siempre la respuesta a una descompensación de una persona autista.
“Nada justifica la agresión física y esta no tiene que ver con la condición del autismo. Eso es un mito que se ha creado por años. Un chico bien regulado, que está siendo atendido, no tiene por qué tener una agresión física, porque para su descontrol necesita regularse y estabilizarse. Para eso, algunos caminan, otros saltan, aprietan pelotas, hay distintas formas. Pero la primera instancia es que el profesor esté informado, porque si no, no puede ser adivino, porque el autismo no se refleja en una condición física”, detalla Escobedo.
“Si el profesor lo hubiera sabido, lo podría haber dejado salir antes que se desesperara. Porque los niños con autismo son muy estructurados con los horarios, entonces les gana la ansiedad y se descompensan. La principal falencia es el no informar. Después pasa a ser responsabilidad del profesor. Las competencias para trabajar con ellos son mínimas, que es el respeto de horarios y de turnos”, agrega.
A pesar de ello, Escobedo plantea que aún falta formación en los profesionales de la educación respecto al tema.
“Tenemos colegios que no están preparados y cuando mandan gente a capacitación, mandan a los docentes del PIE, pero no a los de aula. La tortura más grande que hacen los colegios es obligarlos a escribir, porque ellos no escriben. Pueden tipear en un computador por horas, pero el escribir a mano les genera dolor, es un trauma. Y no necesitan hacerlo tampoco, porque tienen memoria auditiva y eso no lo manejan en los colegios”, ejemplifica.
https://www.elrancaguino.cl/2022/03/28/profesor-agredido-por-alumno-en-rancagua-me-da-miedo-volver-a-trabajar/
