Por: Tomás Arcas.
Mediante un documento presentado ante tribunales de Rancagua, el concejal Patricio Henríquez, interpuso una querella criminal en contra del exalcalde de la capital regional, Eduardo Soto, acusándolo de ser eventualmente el autor del delito de malversación de caudales públicos, el escrito declarado como admisible.
La acción penal hace referencia a las presuntas irregularidades y desvíos de fondos en la administración del Teatro Regional durante la gestión del antiguo edil, las cuales continúan bajo investigación de la Fiscalía Metropolitana Sur.
Cabe recordar que, recientemente, se dio a conocer la sentencia -por este mismo caso- de Marcelo Vidal, designado por Soto como director ejecutivo de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Municipalidad de Rancagua, recibiendo una condena de 541 días de reclusión menor en su grado medio, la inhabilitación para cargos públicos y el pago de una multa que supera los 5 millones de pesos.
El concejal de Rancagua, Patricio Henríquez (PS), mencionó que “llama la atención que, pese al escándalo mediático que hubo, el modus operandi del Teatro Regional siguió exactamente igual con el nuevo gerente y ese es el punto de partida de esta querella”.
“¿Cómo el Teatro Regional se permite gastar esa cantidad de dinero? No hay ninguna justificación”, cuestionó el concejal, añadiendo que “lo peor de todo es que esas platas hay que devolverlas ahora y la actual administración de Juan Ramón Godoy es la que tiene que estar pagando cuotas para devolver estos 48 millones que, a día de hoy, no se conoce su paradero”.
Asimismo, Henríquez, quien también fue miembro del Concejo Municipal durante la administración municipal de Eduardo Soto, declaró que “me preocupa la frialdad del ex alcalde al señalar o dar a entender a través de las redes sociales que prácticamente él es inocente”. “Eso es falso, no hay que dejarse engañar, porque la justicia sigue investigando y el caso suyo no se ha cerrado”, comentó.
“Extrañamente, el caso está en Santiago y aún no tenemos explicación de por qué sigue allá. En estos tres años prácticamente no se ha movido un solo papel y eso nos llama mucho la atención, porque están esperando que la causa prescriba. Nosotros estamos en esto, hemos perseverado y vamos a seguir perseverando porque consideramos que aquí el hilo se está cortando por lo más delgado, que es el gerente, que se ha llevado las penas del infierno y todo lo que esto conlleva”, cerró el político socialista.
ABOGADO QUERELLANTE
Por su parte, el abogado patrocinador de la querella, Walter Droguett, explicó a El Rancagüino que el documento fue deducido por el delito previsto y sancionado en el artículo 236 del Código Penal, relativo a la malversación de caudales públicos. “Esta querella fue interpuesta ante el juez de garantía de Rancagua, quien realizó el examen previo, previsto por la ley, declarando admisible la querella criminal contra Soto, ordenando su notificación judicial y remitiendo los antecedentes al Ministerio Público para que desarrolle las diligencias investigativas propuestas por esta parte, entre las que se incluye tomar declaraciones, por ahora en calidad de testigos, a quienes ejercieron la función de administradores que designó Eduardo Soto, todos de su estrecha confianza”, puntualizó.
El abogado aclaró que la acción está dirigida a “hechos posteriores a la salida de Marcelo Vidal de la administración de la Corporación de la Cultura y del Teatro Regional, donde, conforme a los antecedentes, se mantuvieron las mismas prácticas ilícitas”. “Esta nueva querella significa para mi representado una nueva oportunidad de que la Fiscalía de Rancagua pueda hacer una buena labor y que, tal como ocurrió en el pasado, con esta misma Fiscalía, el querellado sea formalizado y luego llevado a juicio”, agregó.
“Debe recordarse que por orden del exfiscal nacional Abbott la investigación salió de las manos de los fiscales Arias y Moya de Rancagua, llevándola a la Fiscalía que dirige el fiscal Barros de la Fiscalía Metropolitana Sur y donde inexplicablemente se dejó sin efecto la formalización que había solicitado el fiscal Moya en contra de Soto, quien a nuestro juicio desarrollaba una investigación de los hechos de manera coherente, objetiva y valiente en contra del imputado exalcalde Soto, pero que abruptamente fue sacado, provocando un daño a la investigación que se desarrollaba”, sostuvo Droguett.
