Mucho se ha luchado en torno a la descentralización. Desde las regiones, somos las más variadas voces que hemos pedido mayores facultades y el poder tomar decisiones a nivel local. Mucho de esto se dio con la llegada de los Gobernadores Regionales, pero al mismo tiempo, el sistema político mal entendió el entregarles mayores facultades como sinónimo de regionalización, olvidándose de los necesarios contrapesos y la necesidad de decisiones colegiadas, quitándole atribuciones a los Consejeros Regionales.
Esta situación ya la habíamos advertido en estas mismas páginas y también en diversas ocasiones lo propio realizó la ANCORE (Asociación Nacional de Consejeros Regionales). El caso convenios está dando la razón a esas críticas.
Los Gobernadores solo responden ante ellos mismos y solo aquellos proyectos que deciden priorizar pueden ser discutidos por el Consejo, siempre y cuando el proyecto supere las 7 mil Unidades Tributarias Mensuales (poco más de 422 millones de pesos). Proyectos menores son asignados discrecionalmente por el Gobernador con un débil control sobre su pertinencia o rendición de gastos, es más si el proyecto es inferior a las 5 mil UTM ni siquiera debe pasar por el control de la Contraloría.
Pero los gobernadores son humanos y pueden equivocarse. No existe ninguna manera legal de que la región, ante la necesidad imperiosa de un proyecto, pueda decidir realizarlo sin la voluntad del gobernador, incluso ante la unanimidad del Consejo Regional. La ley parece olvidar que no solo los gobernadores son electos sino también los consejeros.
En este sentido, parece haber sido un error que los consejeros -en aras de una mayor eficiencia- no vean proyecto a proyecto y solo puedan votar partidas presupuestarias. Así las cosas, existen variados mecanismos para que el Gobernador se salte la sana consulta.
Se necesitan mayores atribuciones aún para el Gobierno Regional. Tal vez incluso pueda ser que no se cambien las formas actuales de las tomas de decisiones, pero al menos a la luz del caso convenios, el CORE debería tener mayores atribuciones fiscalizadoras de lo que sucede en la zona y ser un ente separado de la Gobernación Regional, contando por lo tanto con su propio presidente.
Una tarea pendiente por parte de los mismos parlamentarios que aprobaron hace pocos años esta modificación legal.
