Por: Alfredo Bravo.
Ante la paralización de los trabajos de construcción del primer tramo de la carretera El Cobre, este miércoles fue interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, en favor de las personas y comerciantes que se han visto afectados por la interrupción de faenas por parte de la empresa IMACO, seremía de Obras Públicas y financiado por el Gobierno Regional.
El consejero regional, Lenin Arroyo, estuvo presente en la sede del órgano de justicia acompañado del abogado Luis Felipe León, en representación de vecinos y comerciantes del sector; la concejala de Rancagua, María del Carmen Orueta y el exalcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, quienes fueron los encargados de hacer entrega del documento en el tribunal de alzada.
“Ya es impresionante la negligencia de este gobierno y de la secretaria regional del Ministerio de Obras Públicas, María de los Ángeles de la Torre, porque no se ha propiciado que avance este proceso de las obras”, comenzó diciendo Lenin Arroyo.
Explicó el consejero, que en reiteradas veces se les exigió el reajuste con urgencia de presupuesto, para la retomar las obras, el cual fue aprobado por más de 2 mil millones de pesos y donde el MOP se comprometió a reanudar la faena para el pasado 11 de julio, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido.
“Hay una serie de irregularidades y, quién responde por esto”, se preguntó el funcionario ante los medios de comunicación, al insistir que esto ocasiona una serie de consecuencias a los ciudadanos de Machalí y de Rancagua.
Arroyo expresó además, que interponer este recurso de protección en favor de los vecinos, que claman por la seguridad del sector y también de los pequeños y medianos comerciantes, que han visto mermado sus ingresos, generando una ola de despido de trabajadores.
Por su parte, el abogado Luis Felipe León calificó como una “falta de servicio” por parte de la administración del Estado, refiriéndose a la seremi del MOP y que esto vulnera las garantías constitucionales de los afectados, ya que no solo es el derecho de dominio, sino también a la seguridad y vivir en un ambiente sin contaminación, establecidas en la Constitución.
“Solicitamos a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, que establezca de que ha existido negligencia por parte de las autoridades” y que, al mismo tiempo, se fije un plazo para la ejecución de estas obras y no genere daños a los residentes del sector.