El Fiscal de Rancagua, Maximiliano Mariángel, se refirió a la audiencia de preparación de juicio oral en el caso denominado, “Parque Safari”, el que quedó agendando para el 12 de noviembre próximo. La Fiscalía acusa a tres imputados por su responsabilidad en la muerte de la joven, Catalina Torres en agosto del año 2021, trabajadora de este lugar quien fue atacada por un tigre del recinto y, quien al momento del fatal hecho tenían tan solo 21 años de edad.
El persecutor adujo que los medios de prueba que presentó el Ministerio Público se acogieron, no excluyéndose ningún testigo y ningún medio de prueba, por lo que se discutirán los hechos si efectivamente ocurrieron como indica la acusación. En el caso de la defensa, manifiesta que su fallecimiento se produjo producto de su propia negligencia al haber ingresado al sector donde permanecía el tigre suelto.
Pese a ello, el Fiscal indica que tras la investigación de la PDI y Fiscalía da cuenta que los imputados no cumplieron con las medidas de cuidado y, diligencias debidas para advertir a la víctima la situación, vale decir, que el tigre estaba suelto. El persecutor recalcó que las personas que trabajaban ese día, debían ser advertidos que el tigre estaba suelto, por lo que al ingresar al lugar correrían un riesgo mayor.
LOS HECHOS
Según el ente persecutor, a las 08:30 horas del 6 de agosto de 2021, la víctima ingresó por orden de su jefatura, a limpiar la jaula de los felinos sin ser advertida de que el tigre de bengala estaba suelto, animal que la atacó y le provocó la muerte. Para el Ministerio Público el accidente fatal se debió al presunto actuar omisivo e infraccional de los imputados, dado que la víctima no estaba contratada ni capacitada para realizar la labor encomendada, no se le proporcionaron elementos de protección o seguridad, ni se le informó de la presencia del felino; además, no se siguieron protocolos de acción o emergencia ni se utilizó un arma para neutralizar al animal.
Los imputados son tres personas vinculadas laboralmente con el Parque Safari, un gerente, representante legal y una veterinaria que estaba de tuno al momento de los hechos. Se les imputa un cuasidelito de homicidio por la responsabilidad que podrían tener en los momentos en que ocurre el ataque, al -según la fiscalía- no activar protocolos y dar auxilio a la víctima, y por informar que el felino estaba suelto en el lugar donde se debían realizar labores de aseo.
