Este miércoles se desarrolló en el Juzgado de Garantía de Rancagua la audiencia de cautela de garantías presentada por Codelco en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el accidente ocurrido al interior de la División El Teniente, que dejó a seis trabajadores fallecidos.
Cabe recordar que la estatal recurrió al tribunal luego de que la Fiscalía le solicitara la entrega de 27 documentos con plazo hasta el 18 de junio. La empresa estimó que los requerimientos eran desproporcionados y que los plazos fijados resultaban insuficientes para reunir la información solicitada, argumentando que ello vulneraba su derecho a una investigación racional y a una adecuada defensa.
La cautela de garantías tiene por finalidad resguardar los derechos que la legislación reconoce a quien tiene la calidad de imputado durante una investigación penal, entre ellos el acceso al tiempo y a los medios necesarios para preparar su defensa, presentar pruebas y ejercer las demás garantías procesales que contempla la ley.
Durante la audiencia, el Juzgado de Garantía de Rancagua acogió parcialmente la solicitud presentada por Codelco. Según lo expuesto durante la jornada, el tribunal ordenó a la Fiscalía sistematizar y jerarquizar los más de 3.500 requerimientos técnicos vinculados a la investigación del derrumbe. Al mismo tiempo, rechazó fijar plazos extendidos para la investigación, manteniendo las facultades del Ministerio Público para conducir las diligencias.
De acuerdo con lo señalado durante la audiencia, el magistrado habría ordenado además la creación de un canal de entrega restringido y con control de acceso específico para los informes privados de auditoría y análisis de fallas estructurales encargados por Codelco a consultoras internacionales, con el propósito de resguardar información que la empresa considera estratégica frente a terceros ajenos al proceso penal.
Asimismo, durante la audiencia se indicó que el magistrado habría planteado que la investigación debía mantenerse enfocada en esclarecer lo ocurrido el día del accidente y determinar si existieron acciones u omisiones imprudentes o temerarias, más que reconstruir la totalidad de la actividad histórica desarrollada por la División El Teniente.
Al término de la audiencia, el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, señaló que para el Ministerio Público la resolución del tribunal no resultó del todo clara, por lo que solicitarán una copia del audio de la audiencia y revisarán el acta para analizar sus alcances antes de definir los pasos a seguir.
Cubillos explicó que el fallo hace referencia a la Ley de Propiedad Intelectual y a la Ley de Acceso a la Información, cuerpos legales que, a juicio de la Fiscalía, no resultan aplicables a una investigación penal. En ese contexto, sostuvo que el Ministerio Público considera que está plenamente facultado para requerir información que Codelco califica como estratégica, así como informes elaborados por entidades privadas cuando estos sean relevantes para el desarrollo de la investigación.
Fiscalía analizará la resolución antes de definir los pasos a seguir
El fiscal regional de O’Higgins Aquile Cubillos sostuvo que la resolución del tribunal no impuso limitaciones respecto de los plazos para la entrega de la información requerida a Codelco, precisando que corresponde al Ministerio Público fijarlos en el marco de la investigación.
En ese sentido, afirmó que la Fiscalía siempre ha otorgado plazos razonables y que, cuando la empresa ha solicitado prórrogas, estas han sido concedidas. Por ello, manifestó su expectativa de que Codelco mantenga su disposición a colaborar y continúe entregando los antecedentes requeridos.
Asimismo, indicó que el tribunal dejó establecido que prevalece la función constitucional del Ministerio Público, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, que le entrega la dirección exclusiva de la investigación penal y la facultad de decretar las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Cubillos agregó que, a juicio de la Fiscalía, ello permite solicitar información a todos los organismos o entidades que considere pertinentes para el desarrollo de la investigación.
El persecutor manifestó además que les llama profundamente la atención que Codelco sostenga ahora que existe información de carácter estratégico. Recordó que los antecedentes de la investigación se encuentran protegidos por el secreto investigativo y, además, por una cláusula de confidencialidad incorporada en el contrato suscrito con Dictuc.
Respecto del estado de la investigación, enfatizó que la pericia encargada por el Ministerio Público resulta fundamental para establecer la causa del accidente ocurrido el 31 de julio de 2025, señalando que determinar su origen permitirá sustentar eventuales imputaciones y avanzar en la investigación respecto de personas determinadas.
Añadió que durante las diligencias también han surgido nuevos antecedentes, entre ellos los relacionados con el denominado caso Panel Invariante. Según indicó, mientras Codelco los califica como desvíos, la Fiscalía estima que podrían corresponder derechamente a irregularidades.
Para el Ministerio Público, agregó, resulta fundamental no solo investigar el accidente que costó la vida a los seis trabajadores, sino también indagar sus orígenes y el comportamiento que habría presentado la mina en relación con la sismicidad registrada al interior del yacimiento, por lo que considera necesario desarrollar las diligencias que permitan establecer esos antecedentes.
En relación con el peritaje encargado por la Fiscalía, Cubillos defendió la idoneidad del profesional designado, señalando que se trata de un especialista respaldado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, institución que habitualmente desarrolla estudios técnicos para diversas entidades del país.
Precisó que el trabajo pericial no recae únicamente en una persona, sino en un equipo de especialistas encabezado por dicho profesional, lo que, a su juicio, entrega solidez técnica al informe. En ese contexto, manifestó que le llaman la atención las críticas formuladas por Codelco respecto del peritaje, estimando que responden a un objetivo distinto.
El fiscal afirmó además que la empresa «ha actuado como un imputado» y sostuvo que el Ministerio Público está acostumbrado a relacionarse con personas o entidades que adoptan ese tipo de conducta durante una investigación penal.
Consultado sobre el objetivo que, según la Fiscalía, perseguiría la empresa, señaló que existiría un interés por acotar el alcance de la investigación e impedir que continúe la indagación de otros antecedentes surgidos durante las diligencias, entre ellos el denominado caso Panel Invariante.
Cubillos también advirtió que eventuales restricciones en la entrega de información podrían generar dificultades prácticas para la investigación. Explicó que parte de los antecedentes se encuentran en formatos que requieren programas informáticos a los que solo Codelco tiene acceso, por lo que exigir que la Fiscalía procese esos archivos implicaría adquirir software especializado cuyo costo, aseguró, sería incluso superior al de la pericia contratada.
Respecto de una eventual impugnación de la resolución judicial, señaló que esa posibilidad será evaluada una vez que revisen el audio de la audiencia y el acta respectiva. Solo después de ese análisis, indicó, definirán los pasos a seguir.
Finalmente, precisó que la investigación continúa vigente y que, al tratarse de una causa desformalizada, no existe por ahora una fecha para su cierre. Asimismo, informó que el Ministerio Público sostendría una reunión con las familias de las víctimas para explicarles el alcance de lo resuelto por el tribunal, darles a conocer la posición de la Fiscalía y mantenerlas informadas sobre el avance de la investigación.
Codelco valoró la resolución y reiteró disposición a colaborar
Por su parte, mediante un comunicado de prensa, Codelco señaló que, «en su resolución, el tribunal declaró la violación del derecho a defensa técnica de Codelco y limitó los alcances de los requerimientos de información de la Fiscalía. Asimismo, el tribunal recordó que la investigación debe mantenerse enfocada en el esclarecimiento de los hechos que son objeto del proceso y no en reconstruir la totalidad de la actividad histórica desarrollada por la División El Teniente».
La empresa agregó que la resolución confirmó, entre otros aspectos, su derecho a participar con su defensa en las diligencias correspondientes; precisó que no corresponde exigir al imputado elaborar o procesar información para responder requerimientos cuando ello pueda afectar sus garantías procesales; reconoció el derecho de la empresa a informar cuando determinados antecedentes no existan y a plantear las reservas que la ley contempla respecto de información estratégica o protegida.
Al término de la audiencia, el abogado de Codelco, Davor Harasic: afirmó que la empresa ha colaborado con la investigación desde el primer momento y recalcó que su principal preocupación son las familias de los seis trabajadores fallecidos.
Sostuvo que la estatal busca que el proceso se desarrolle de manera justa, racional y expedita, ya que, a su juicio, ello permitirá esclarecer la verdad en un plazo razonable. Agregó que una investigación desarrollada bajo esas condiciones beneficia a la justicia, a la empresa y al país, al permitir establecer las responsabilidades que correspondan.
Asimismo, rechazó que la compañía esté obstaculizando la investigación y aseguró que, durante la audiencia, únicamente hicieron uso de los derechos que les otorga la ley. En esa línea, manifestó su confianza en que el Ministerio Público respetará la resolución judicial y continuará desarrollando las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La defensa insistió en que el objetivo principal debe ser entregar respuestas a las familias de las víctimas, señalando que el dolor que enfrentan no tiene explicación ni reparación posible.
Respecto de la resolución adoptada por el tribunal, sostuvo que una empresa estatal no puede entregar información reservada vinculada a su modelo de negocios, haciendo referencia a los antecedentes que Codelco considera de carácter estratégico.
Consultado sobre la pertinencia de investigar accidentes ocurridos con anterioridad al siniestro de 2025, indicó que esa es una decisión que corresponde exclusivamente al Ministerio Público, mientras que las personas o entidades que eventualmente tengan la calidad de imputadas ejercerán los derechos que les reconoce la legislación.
En ese sentido, explicó que la posición de Codelco no busca impedir la investigación, sino que esta se circunscriba a determinados períodos y lugares, con el propósito de que pueda desarrollarse de forma más eficiente y oportuna.
Sobre los cuestionamientos formulados por la Fiscalía respecto de los peritos, descartó que existan diferencias con ellos y precisó que la empresa ni siquiera los conoce. Añadió que los planteamientos efectuados durante la audiencia forman parte del debate judicial y que no alteran el contenido de la resolución adoptada por el tribunal.
Consultado por una eventual responsabilidad penal de la persona jurídica, la defensa señaló que Codelco estima que no existen antecedentes que permitan atribuir responsabilidad a la empresa en el accidente investigado.
“Codelco ha colaborado desde el primer momento, nuestra primera prioridad, como lo dije en las alegaciones, son los familiares de las víctimas y pensando justamente en los familiares de la de la víctima, nosotros queremos una investigación justa, una investigación racional y por lo tanto mucho más rápida”, explicó el abogado.
La Corporación sostuvo además que, desde el accidente ocurrido en División El Teniente, ha colaborado activamente con el Ministerio Público, respondiendo 30 requerimientos de información, entregando más de 14.000 antecedentes, facilitando investigaciones técnicas propias y proporcionando apoyo especializado a múltiples diligencias investigativas.
Finalmente, Codelco reiteró su respeto por el trabajo del Ministerio Público, por las decisiones que adopten los tribunales de justicia y, especialmente, por las familias de las víctimas. Asimismo, aseguró que continuará colaborando con la investigación y aportando los antecedentes que correspondan para contribuir al total esclarecimiento de los hechos.
