• La consejera regional del partido Renovación Regional se abstuvo en la votación para aprobar los recursos para un proyecto de Televigilancia que impulsa el Gobierno en distintas regiones del país.

Hace una semana el intendente Juan Manuel Masferrer presentó el proyecto gobierno llamado “Calle Segura”, en los medios de comunicaciones señalando que la medida consiste en la implementación de cuatro brigadas que contarán cada una con dron, las imágenes tomadas por estos, se transmitirán a una central de monitoreo permanente que se instalará en la misma Intendencia. La iniciativa ya se esta llevando a cabo en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta, donde los drones han sido usados en el ámbito del estallido social y en las incautaciones de drogas. En esa instancia la máxima autoridad regional señaló que la región de O´Higgins sería la tercera zona en comenzar con la televigilancia por drones a través de una empresa privada especializada, sin pasar aún por la sesión de aprobación del Core regional.

Idea que quedó truncada ya que el Concejo Regional de O´Higgins, primero rechazó la entrega de recursos en una comisión de seguridad, y luego en el día miércoles pasado en una sesión plenaria la iniciativa no obtuvo los votos suficientes para poder ser implementada en O´Higgins, donde el resultado fue siete votos a favor, seis de rechazo y una abstención.

Sobre su abstención – acción decisiva para que el proyecto no llegara a aprobarse-, la concejera oficialista Monserrat Gallardo señaló que “efectivamente el voto mío trabo el proyecto de casi mil millones, para la compra de 4 drones par la región de O’Higgins, con la consigna de uso en seguridad pública, me abstuve pues legalmente si lo votaba en contra la presidencia de Core podía votar dos veces y ese será a favor, lo cual haría que se dieran estos recursos”.

A través de redes sociales Monserrat agregó que “Creo que esa cantidad de dinero no es prioritario para esto, que además una empresa privada sea quien los maneje estos drones, con sus imágenes, datos etc. Pues para mí la única forma de ir terminando con la desigualdad en Chile se llama educación, eso acorta la brecha y más aún cuando en nuestra región se sufre de una escases hídrica, cuando la falta de espacios públicos y pulmones verdes son una necesidad, cuando aún hay lugares donde no hay ni siquiera un camino decente para sus habitantes”.

Para finalizar la concejera explico que “Y si es por hablar de seguridad propiamente se debe enfocar en mejor las policías en forma profesional y con estructura buena, porque hoy incluso hay cuarteles donde carabineros están en condiciones paupérrimas. Sumado a que estos recursos de un programa de gobierno (central) le quita casi mil millones a una región pobre como lo es la nuestra.

La implementación del proyecto tendría un costo de casi 1500 millones de pesos. Son 1484 millones, en un proyecto a tres años. El costo sería financiado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, específicamente son 513 millones de pesos desglosados en tres años y lo que se le está pidiendo al gobierno regional son 970 millones.

• Con siete votos a favor, seis de rechazo y una abstención, el proyecto de Televigilancia Móvil, impulsado por el Intendente Juan Manuel Masferrer, vuelve a la Comisión Social y de Seguridad Pública del consejo regional para nuevas modificaciones

Alexis Aravena

Fotos: Marco Lara

En la mañana de ayer, se llevó a cabo la votación en la sesión plenaria del Consejo Regional de O´Higgins, del emblemático proyecto de Televigilancia Móvil presentado por el Intendente Juan Manuel Masferrer. La tarea de aprobación de la iniciativa no era fácil ya que el pasado lunes en la Comisión Social y de Seguridad Pública del consejo la iniciativa había sido rechazada.

En el día de ayer a la sesión realizada en el edificio del Gobierno Regional acudieron diversas autoridades para apoyar el proyecto. El General de Carabineros, Álex Chaván, el representante de la Subsecretaría de la Prevención, Guido Benavides, Delito y la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, Macarena Matas, entre otros funcionarios de la PDI.

La sesión, tuvo momentos de tensión, ya que existió una cierta predisposición frente a lo que iba a presentar Guido Benavides, quien fue el encargado de exponer nuevamente el proyecto y responder dudas a los Cores.

Luego de la intervención de Benavides, se llevó a cabo la votación, donde el proyecto no prosperó ante los siete votos a favor, seis de rechazo y una abstención. El proyecto, deberá volver a modificarse y votarse en la Comisión Social y de Seguridad Pública del consejo regional para que pueda ser aprobado e implementado en la región.

Intendente pretende continuar con el proyecto

El proyecto volverá a la comisión, para ser modificado y debatido, así lo señaló el Intendente de la Región de O’Higgins, Juan Manuel Masferrer, manifestando que “es la oportunidad para continuar”. Además, llamó a los consejeros regionales que votaron en contra, a recapacitar e informarse aún más sobre la Televigilancia Móvil.  “Yo quiero, ser muy claro y espero que los consejeros que votaron en contra, sean muy claros y le den explicaciones a la gente de la región porque rechazaron un proyecto que va en directo beneficio y que les da más seguridad a las familias de la región. La verdad es que, de algunos consejeros, particularmente del sector de izquierda de este país, no me extraña. Están negándole la seguridad a las familias de la región”, declaró.

Masferrer agregó “lo que nos importa es darles más seguridad a las personas de la región y esperemos que en la comisión, recapaciten y se puedan sumar a los siete consejeros que están por la aprobación”.

Hay que recordar que hace una semana el intendente presentó el proyecto en los medios de comunicaciones señalando que la medida consiste en la implementación de cuatro brigadas que contarán cada una con dron, las imágenes tomadas por estos, se transmitirán a una central de monitoreo permanente que se instalará en la misma Intendencia.

Cabe recalcar que el proyecto está enmarcado en el plan del gobierno llamado “Calle Segura”, el cual ha sido implementado en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Antofagasta, donde los drones han sido usados en el ámbito del estallido social y en las incautaciones de drogas. Además, de implementarse para el rescate de personas por parte de la Armada. Anunciando que la región de O´Higgins sería la tercera zona en comenzar con la televigilancia por drones a través de una empresa privada especializada, sin pasar aún por la sesión de aprobación del Core regional.

La implementación, tendría un costo de casi 1500 millones de pesos. Son 1484 millones, en un proyecto a tres años. El costo sería financiado en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito, específicamente son 513 millones de pesos desglosados en tres años y lo que se le está pidiendo al gobierno regional son 970 millones.

Carla Morales (RN), presidenta del Consejo Regional, votó a favor del proyecto.

“Yo creo profundamente que la tecnología y los nuevos avances en materia de seguridad pública van a ayudar siempre a Policía de Investigaciones, a Carabineros y a todas las instituciones gubernamentales del estado, pero también comparto la opinión de muchos de mis colegas, en donde decían que efectivamente tenemos que evaluar de alguna forma nuevamente el proyecto y que lo vuelva a presentar la Subsecretaría de Prevención del Delito”

Bernardo Cornejo (DC), Consejero Regional Provincia Cardenal Caro, votó en contra del proyecto.

“Por lo tanto, creo que son 900 millones que no vienen a contribuir al desarrollo de la región. Más bien, yo creo que es un despilfarro de dinero y que lo podríamos, quizás apuntar en la construcción de una política de seguridad pública y de prevención, distinta. Hubo Cores, que plantearon el tema de las plazas, el tema de la recuperación de espacios públicos, otros plantearon el tema de los pórticos, que es un debate que se ha venido produciendo hace mucho tiempo en la región”

“Cada región tiene su particularidad y la nuestra merece tener una discusión más sincera. Yo espero, además que el Intendente, pueda tener un poquito más de humildad y trabajo con los Cores. La mitad del Gobierno Regional son los Cores, no podemos llegar minutos antes con una propuesta sin conocerla y además, que la vengan a exponer desde Santiago”.

Johanna Olivares (RN), Consejera Regional, Provincia de Cachapoal, votó a favor del proyecto.

“La verdad, más allá del resguardo del orden público, aquí estábamos dando una habilitación técnica, tecnológica, poniéndonos en la mejor de las situaciones para poder responder a emergencias naturales, como los incendios. Yo hice referencia a un problema que hemos arrastrado en este consejo regional hace mucho tiempo, como es el robo de los animales y que involucra un gasto, un gasto económico tremendo, el conseguir cada vez que sucede, un helicóptero. Tienen que venir de la Región Metropolitana. Entonces el proyecto, aminoraba estos costos”

Fernando Verdugo (PRSD), Consejero Regional, Provincia de Cachapoal, votó en contra del proyecto.

“Lo que ocurrió hoy día, es simplemente la cosecha de una pésima gestión política, para convencer con un proyecto que, les vuelto a repetir, llegó aquí el lunes para ser discutido con una pésima presentación también, muy genérica, nada que ver con lo que ustedes hoy día pudieron ver y a tratar de cocinar el pato antes de la boda. Fue feo, de principio a fin”.

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• La solicitud la realizó el sacerdote Juan Carlos Urrea con el fin de acceder legalmente a la carpeta de la Investigación Previa “y  así poder ejercer mi derecho a una defensa de acuerdo a la Constitución y las Leyes de mi país”, sostiene el presbítero.

G.A.A.

El 08 de enero, el sacerdote Juan Carlos Urrea presentó ante la Corte de Apelaciones de Rancagua un Recurso de Protección en contra del Obispo Luis Fernando Ramos, Administrador Apostólico de la Diócesis de Rancagua con el fin de acceder legalmente a la carpeta de la Investigación Previa

“y de esta forma acceder legalmente a la identidad de quien me denuncia y ejercer mi derecho a una defensa de acuerdo a la Constitución y las Leyes de mi país”, expone el presbítero en un documento en que da cuenta del proceso que ha vivido en el año 2019.

En el papel, el presbítero denuncia que “Este acceso ha sido denegado a mi abogado -Alberto Meza- con fecha 6 de septiembre de 2019, señalándose que ‘la copia de las actas de una investigación no pueden ser proporcionadas, excepto por un mandato expreso del Juez’”, sostiene.

Y es que a su juicio, el Proceso Canónico realizado, desde la toma de la denuncia y la realización de la Investigación Previa, “se han incurrido en graves faltas que han afectado los principios del debido proceso, tal como lo expuse en la solicitud de Nulidad de dicha investigación (previa) presentada con fecha 9 de septiembre de 2019”, copia que fue enviada a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el pasado 3 de octubre del 2019, expresa el sacerdote Urrea.

“Considero que se han vulnerado derechos de la Constitución Política de mi país, artículos de la Convención de América sobre Derechos Humanos referidas al debido proceso, lo que ha conducido a la ejecución de actos ilegales, que han llevado a que la presentación de esta acción cautelar, sea la única forma que tengo para recurrir y obtener las copias de la Investigación Previa,  y  así poder ejercer mi derecho a una defensa de acuerdo a la Constitución y las Leyes de mi país”, sostiene el sacerdote.

Agrega que el 10 de enero, por medio de terceros se enteró del inicio del Proceso Penal Administrativo en su contra, mientras que días antes -26 de diciembre de 2019- le solicitaba al Vicario Judicial de la Diócesis de Rancagua tener conocimiento previo de la totalidad del documento, antes de firmar la notificación del Proceso Penal Administrativo, a lo que asegura “no tener aún respuesta oficial a la solicitud”, dando a conocer que “La petición que le hacía al Vicario Judicial, tenía como objetivo salvaguardar todos los derechos del debido proceso y así estructurar adecuadamente mi defensa en los distintos foros que corresponda”.

El mismo día 10 de enero, la Corte de Apelaciones de Rancagua declaró admisible el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales presentado en contra del Obispo de Rancagua.

LOS HECHOS

Cabe destacar que en el mes de mayo de 2019, el Obispado de Rancagua recibió una denuncia de un hombre que en la década del 90, siendo menor de edad, habría sufrido de abuso sexual por parte del presbítero Juan Carlos Urrea.

A causa de esta acusación, el Obispado de Rancagua decretó el inicio de una Investigación Previa conforme lo establece el Código del Derecho Canónico y el Protocolo de la Conferencia Episcopal de Chile. Además, como medida cautelar al sacerdote se le restringió del ejercicio público del ministerio sacerdotal. Mientras que los antecedentes entregados por el denunciante fueron derivados al Ministerio Público.

A fines de agosto de 2019, el Obispado de Rancagua informaba a la comunidad de la finalización de la Investigación Previa la que determinó que la denuncia era verosímil, es decir, se trata de una acusación que tiene antecedentes suficientes para hacer un juicio canónico al cura, por lo que los antecedentes fueron enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, entidad competente en la materia. Mientras que el sacerdote continuaba con las medidas cautelares dispuestas.

El proceso continuó su curso, y los primeros días de enero, el Obispado de Rancagua informó que la Congregación para la Doctrina de la Fe determinó iniciar un Proceso Administrativo Penal contra el presbítero Juan Carlos Urrea después de haber recibido las actas de Investigación Previa enviadas precedentemente del obispado, proceso que será instruido por el Arzobispo de Santiago. Mientras que el presbítero continúa con el ministerio sacerdotal restringido.

“Al sacerdote se le ha ido informando de cada

uno de los pasos que se han seguido en su caso”

Respecto del Recurso de Protección presentado por el presbítero Juan Carlos Urrea, por medio de un comunicado de prensa, el Obispado de Rancagua señaló que en mayo de 2019, se inició una investigación previa canónica para acreditar la verosimilitud de una denuncia de abuso sexual de menor de edad contra el presbítero Juan Carlos Urrea, conforme lo establece el Código de Derecho Canónico. Paralelamente, se entregaron los antecedentes al Ministerio Público.

El documento agrega que “Teniendo en cuenta el respeto y cuidado del denunciante, y por la naturaleza de la denuncia recibida, se decretaron medidas cautelares, tal como lo indica la normativa canónica”.

De acuerdo con el procedimiento establecido por la Santa Sede, expone el documento “en agosto de 2019 las actas de la Investigación Previa fueron remitidas a la Congregación para la Doctrina de la Fe”, agregando que “En diciembre de 2019, la Congregación para la Doctrina de La Fe informó que debía iniciarse un Proceso Penal Administrativo en contra del presbítero Urrea. En esta etapa del proceso se debe probar la inocencia o culpabilidad de la persona acusada”.

No obstante, el documento sostiene que “Al sacerdote Juan Carlos Urrea se le ha ido informando de cada uno de los pasos que se han seguido en su caso”.

La misiva concluye “Dada la gravedad de la acusación se han tomado todas las medidas necesarias para proteger a posibles víctimas de abuso y llegar a esclarecer la verdad, manifestando nuestro compromiso con colaborar con la justicia y cumpliendo con toda la normativa que la Iglesia ha establecido para enfrentar estos casos”.