Por: Patricio Miranda Humeres
Antes de su actual rol de concejala y presidenta de la Comisión de Medioambiente en el Concejo Municipal de Rancagua, Valentina Cáceres (Ecologista Verde) ya era una reconocida activista animal y ambiental de la capital regional.
No por nada era la coordinadora rancagüina del capítulo local de Fridays for Future, la iniciativa liderada por la joven Greta Thunberg, que busca hacer cambios y generar acciones urgentes ante la crisis del cambio climático.
Fue en ese rol que Cáceres logró que cinco de los siete candidatos a alcalde de Rancagua en las últimas elecciones, firmaran un documento donde se comprometían, bajo juramento, a declarar emergencia climática y ambiental. Juan Ramón Godoy, quien resultó vencedor en los comicios, fue uno de los firmantes.
“Entendiendo el estado de catástrofe ambiental y los informes reveladores del IPCC, es fundamental que como municipio comencemos a actuar en esta materia, a comprometernos por las generaciones presentes y futuras”, apunta la concejala Cáceres. “Es necesario sembrar conciencia en la comunidad y avanzar en cambios culturales fundamentales, es momento que nuestras autoridades, y en esto me veo profundamente involucrada como activista ambiental, tomemos las riendas de lo que significa estar inmersos en esta crisis”.
La concejala explica que, en la práctica, las implicancias de firmar esta declaración tienen que ver con los impactos ambientales que puedan tener los proyectos que se desarrollen en la comuna y cómo, desde el municipio, debe ser un punto primordial y transversal a la hora de aprobarlos.
“Es importante tener una mayor fiscalización ambiental, nuestra comuna está al debe en esta materia, pero veo una nueva administración que se preocupa fuertemente en estas materias”, afirma Cáceres.
El tema ya fue revisado en el Concejo Municipal y las voluntades ya se aunaron para que Rancagua se declare en Emergencia Climática, con el alcalde ratificando su compromiso. Solo restan un par de temas administrativos y en las próximas semanas el hito sería anunciado por el municipio.
“Lo ideal es que la declaración venga con un contenido inmediato»
Con todo, Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, una de las instituciones que se yergue entre las referentes nacionales en materia de derecho medioambiental, es cauto al señalar que no basta con que las comunas se queden solo en firmar el compromiso.
“Todo va a depender del contenido que le dé el municipio de Rancagua. Si es solo una declaración, va a tener poco efecto y va a servir como una cuestión simbólica que, quizás, podría empujar algunas políticas posteriores”, advierte el abogado. “Por eso, lo ideal es que venga con un contenido inmediato. Por ejemplo, un compromiso de cambiar ciertas normas en las ordenanzas, con la actualización de un plan regulador, compromisos respecto del arbolado urbano, ciclovías o zonas peatonales”.
Esto, porque adscribir a la declaración de Emergencia Climática no conlleva ninguna obligación legal para las municipalidades que hagan exigible los compromisos de tomar medidas a corto, mediano y largo plazo que garanticen la adaptación y mitigación frente a la crisis climática.
“El municipio tiene facultades para generar instrumentos normativos que sean obligatorios, como las ordenanzas, que son las que se tienen que modificar para efectos de dar una cobertura legal a las obligaciones a las que se está comprometiendo”, explica Costa.
Para ello, el experto sostiene que es clave que exista un mapeo de la realidad territorial que vive cada municipio respecto a la situación medioambiental que enfrentan.
“Es importante que los municipios, en esta línea de acción climática, hagan un diagnóstico respecto de los riesgos y vulnerabilidades que tienen en relación con la crisis climática y ecológica. Esto se tiene que hacer con las comunidades, las personas, vecinos y vecinas”, dice Costa.
La idea es que se cuente con esa información para elaborar y evaluar los planes y políticas públicas tanto a nivel comunal, como regional y nacional.
En esa línea es que, desde FIMA, elaboraron un documento llamado “Compromiso Municipio Verde”, el que también firmó el alcalde Godoy durante su campaña, que contiene diez puntos que incluyen, por ejemplo, la creación o fortalecimiento de una Unidad Ambiental Municipal con presupuesto específico asignado, crear o actualizar ordenanzas de protección ambiental e instrumentos de gestión, aumentar las superficies de áreas verdes recreacionales, arbolado urbano y ciclovías, y crear un programa de educación ambiental comunal, entre otros.
Algo en lo que tanto la concejala Cáceres como el director ejecutivo de FIMA coinciden, es que uno de los puntos clave es que la ciudadanía se vea involucrada no solo en estas iniciativas, sino que también en el rol fiscalizador y de exigir el cumplimiento de los compromisos.
“En Chile la legislación ambiental es súper débil y aquí no nace una obligación legal, pero sí existe un compromiso fuerte que velaré en mi rol como concejala de Rancagua, y también como activista ambiental, en que esto tenga una bajada a la realidad en el territorio. En que esto se concrete y que los proyectos futuros tengan siempre una mirada ambiental que involucre a la ciudadanía”, aseguró Cáceres.
