Por: Tomás Arcas
Esta semana, la Ilustre Municipalidad de Rancagua presentó una querella criminal contra todos quienes resulten responsables de las irregularidades arrojadas en el informe final de la auditoría externa realizada al municipio. Las anomalías detectadas podrían constituir delitos que quebrantarían lo establecido en los artículos 233 y 239 del Código Penal, relativos a la malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
El estudio, llevado a cabo por la empresa Casanova Consultores, analizó la situación financiera del organismo desde el 31 de diciembre de 2017 a mayo del 2021, período en el que se extendió la última gestión municipal del ex alcalde Eduardo Soto.
PRINCIPALES RESULTADOS DEL INFORME
Dentro de las irregularidades descubiertas se encuentran diversos cheques que fueron girados sin registro contable en la Municipalidad de Rancagua, donde los montos más elevados superan los $90 millones. Además, se observaron 40 casos de pagos de honorarios que no presentaron la respectiva boleta y solo se dispuso de informes de desempeño como comprobantes de los pagos.
Asimismo, el informe cuestionó ítems como el proceso licitatorio de áreas verdes, ya que se detectaron cuatro contratos bajo la modalidad de trato directo y vía licitación; no se logró validar la entrega de cajas de mercadería con los respectivos registros sociales que respalden el beneficio, así como tampoco su respectiva recepción; se descubrieron incumplimientos sostenidos de obligaciones de la entidad patrocinante municipal que funciona en la oficina de Vivienda y se expusieron irregularidades en la ejecución del “Contrato de Mantención, Reparación y Mejoramiento de Infraestructura y Seguridad Vial, Comuna de Rancagua 2018-2021”, dado que los montos no reflejarían los avances realizados.
En la querella, la Municipalidad de Rancagua requiere la investigación de los antecedentes y que se “cite, formalice, someta a medidas cautelares personales y reales, acuse y finalmente logre la condena, al máximo de las penas que la ley prescribe, más las indemnizaciones y costas de la causa, de todos quienes hayan obrado como autores, cómplices y encubridores de los diversos ilícitos cometidos”.
LIMITACIONES EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
Al interior del informe final, cuya extensión es de 51 páginas, Casanova Consultores hace referencia a situaciones que “no son de responsabilidad del Auditor pero que inciden al momento de emitir la opinión”. Allí, se detalla el atraso en la ejecución de entrevistas por vacaciones, licencias médicas y sumarios, por lo que debieron ser reagendadas.
Además, se acusó un retraso en la respuesta a la solicitud de requerimientos, errores de ortografía en los nombres de los proveedores de distintos contratos, así como también inexactitudes en los roles tributarios, y la negativa a la entrega de información por parte de la Dirección de Gestión de Personas, así como también la Dirección de Administración y Finanzas no le otorgó acceso a la empresa auditoria al sitio web del Servicio de Impuestos Internos.
LA INTERPRETACIÓN DEL MUNICIPIO
Respecto a la información arrojada por la auditoría, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, aseguró que “evidentemente hay supuestas irregularidades” y que “todos los recursos públicos y todo lo que egrese del municipio tiene que estar registrado en la contabilidad municipal”. “Además, estamos viendo las responsabilidades administrativas respecto a las conciliaciones bancarias y cómo se ajustan a los egresos”, añadió el edil.
Asimismo, el político socialista objetó el método de compra directa empleado durante la administración anterior, mencionando que, “en el caso de la Corporación Municipal de Rancagua, entregamos a la Contraloría antecedentes que establecen que cerca de 8 mil millones de pesos fueron desembolsados en compra directa”. “Hay una diferencia con el trato directo, donde se coloca la oferta más barata; acá hay una elección unilateral donde se compra y ocupa recursos públicos frente a un solo proveedor”, sostuvo Godoy.
Ante la eventual culpabilidad de funcionarios o departamentos municipales en las anomalías reveladas, el alcalde de Rancagua afirmó que “se iniciarán los sumarios administrativos correspondientes para establecer de quién es la responsabilidad en estas materias, porque en definitiva la administración anterior realizó una gestión con muchas irregularidades”.
Por su parte, el abogado que presentó la querella a nombre del municipio, Juan Carlos Manríquez, argumentó que el informe de la auditoría “entrega antecedentes serios, contundentes, lógicos y armónicos de indicios que parecen demostrar una irresponsabilidad organizada, una serie de omisiones que han sido perjudiciales para la administración y los recursos municipales”.
Sobre las irregularidades, el mediador comentó que estas “dan cuenta probablemente de administraciones no solo negligentes, sino que, eventualmente, de la comisión de hechos que podrían configurar malversación o fraude, ya que existen importantísimas sumas de dinero sin respaldo alguno”. Finalmente, Manríquez precisó que “ahora cabe averiguar su destino, si corresponden a operaciones reales o si alguien se ha enriquecido ilegalmente con cargo a eventuales engaños provocados al interior del municipio”.
LA REACCIÓN DEL EX ALCALDE SOTO
En contraposición, este lunes 20 de junio, el ex alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, interpuso una denuncia a la Contraloría en contra de Juan Ramón Godoy “por graves irregularidades cometidas en el proceso de licitación, contratación y desarrollo del servicio de auditoría financiera externa”.
En el documento, Soto sostiene que, tras recibir ofertas adecuadas y convenientes, la Municipalidad de Rancagua “revocó el proceso argumentando que tales ofertas eran económicamente bajas y ello no permitía asegurar un buen resultado de la auditoría, justificación que asegura era “del todo improcedente, toda vez que las propuestas que obtuvieron el mejor puntaje, y por tanto a quienes correspondía adjudicarle, son consultoras de gran experiencia y trayectoria en auditorías al sector municipal del país”.
Así, el ex alcalde aseguró que, “tras analizar las dos licitaciones realizadas sobre la materia, se demostrará que el propósito del municipio siempre fue adjudicar esta auditoría a una sola consultora, la empresa Casanova Consultores, quien gracias al actuar del municipio fue el único oferente habilitado para postular, circunstancias todas artificiales que determinaron que resultara finalmente adjudicada”.
Por último, la otrora autoridad rancagüina le solicitó al Contralor General de la República “recibir y acoger la presente denuncia, disponer que se investigue cada uno de los hechos expuestos, y -además- se revise el trabajo desarrollado por la empresa encargada de la auditoría financiera con el propósito de contrastar sus conclusiones y verificarlas a la luz de la normativa vigente”.
