En noviembre de 2025, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua condenó a un joven de 27 años a la pena de 5 años y un día y una multa de 40 UTM por su participación en un delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, una condena que la defensa consideró desproporcionada, más aún cuando su representado no tenía antecedentes penales y había colaborado con su testimonio para aclarar los hechos.
El defensor, Franco Vasallo, tras recibir la sentencia consideró pertinente presentar un recurso de nulidad que contenía 4 argumentos: vulneración del debido proceso por la incorporación en juicio de informes periciales emitidos con posterioridad al cierre de la investigación, afectación del principio de juez imparcial, falta de fundamentación y errónea aplicación del derecho en la determinación de la pena.
El recurso fue acogido parcialmente, por cuanto el máximo tribunal señaló que hubo un error al no considerar en la aplicación de la pena las dos atenuantes, irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial, las que permitían una rebaja en la pena asignada en uno o más grados.
La Corte Suprema estimó que este error perjudicó al encartado, por lo que anuló parcialmente la sentencia y dictó un fallo de reemplazo que rebajó la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y multa de 30 UTM, sustituyendo el cumplimiento efectivo por la pena de libertad vigilada intensiva, imponiéndole además condiciones de control y la obligación de someterse a un plan de intervención individual.
