El año 2003 la región de O’Higgins se incorporó al proceso de instalación gradual de la Reforma Procesal en nuestro país iniciada el año 2000 en la Araucanía y Coquimbo. De entonces a la fecha, la Defensoría de O’Higgins ha atendido a más de 150 mil personas, de las cuales 1995 han estado privadas de libertad, hasta por dos años, siendo inocentes.
Lo que parece un número, es tremendamente grave, señala el Defensor Regional, “pues se trata de hombres y mujeres que son juzgados públicamente, que pierden familia, trabajo, vínculos y muchas veces la dignidad, pues verse expuestos a un proceso penal y pasar un período en la cárcel es extremadamente violento para cualquier ser humano, más aún si te están castigando por un delito que no cometiste y por lo cual no tendrás reparación alguna”, señala Claudio Aspe.
Pues efectivamente, en la actualidad es muy difícil que el Estado responda por el daño causado a la persona injustamente. En Chile existen sólo 3 casos en que el daño ha sido resarcido con alguna indemnización; sin embargo, no basta. Por eso la Defensoría espera que en la nueva Constitución se vean reflejados temas de interés para el debido proceso: La reparación a las víctimas de la prisión preventiva injusta, el derecho a guardar silencio, la presunción de inocencia, la equidad en las penas de los delitos y por cierto, la esperada autonomía de la Defensoría Penal Pública.
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA
El 2020 fue un año distinto, la pandemia incidió fuertemente en el sistema penal, desde la manera de abordar las audiencias, la relación con los usuario y por cierto, la excesiva aparición de los delitos contra la salud pública, más conocida como artículo 318 del Código Penal. En O’Higgins se trató de una de las causas más recurrentes que atendió la Defensoría Regional, representando un cuarto de las causas ingresadas el año pasado, es decir 7.119 casos.
“La postura de nuestra institución desde un comienzo fue que las infracciones por no respetar cuarentenas o toque de queda debían tener un destino administrativo, pues no eran delitos penales. Afortunadamente, con el tiempo la Corte Suprema fue aceptando nuestros argumentos jurídicos y hoy este tipo de causas están siendo en su mayoría sobreseídas, cuando se trata de simples desplazamientos o situaciones de emergencia, como lo ocurrido en el caso de la mujer violada en Pichilemu, que fue detenida por encontrarse fuera de casa en toque de queda”.
PROYECTOS PARA ESTE AÑO
El 2021 pese a mantener una serie de restricciones por la emergencia sanitaria que aún no cesa, la Defensoría de O’Higgins abordará dos importantes proyectos. El primero de ellos dice relación con la atención en las primera horas de la detención, cuyo piloto se está llevando a cabo en San Fernando y que consiste en la asistencia diaria de un defensor en las unidades policiales, de manera de atender e informar a las personas de la situación penal, adquirir elementos de defensa y supervisar que no se comentan actos reñidos con la dignidad de las personas.
Y en segundo lugar, la entidad es parte de la marcha blanca del nuevo modelo de defensa penitenciaria cuyo objetivo es atender a las personas privadas de libertad, que normalmente quedan abandonadas en cárceles hasta el término de sus condenas.
Aquí la Defensoría a través de un equipo de abogados y trabajadoras sociales prestarán servicio a todos quienes sean encarcelados a través de un acompañamiento periódico para revisar su situación procesal, postular a beneficios, gestionar traslados, atender denuncias de malos tratos y colaborar en la labor de reinserción social de los penados.
