Por: Ximena Mella Urra.
Fotos: Marco Lara.
Desde hace 13 años que rige la Ley de Transparencia en nuestro país, la cual asegura el derecho de los ciudadanos de poder acceder a la información pública. Existen dos métodos para realizar esta solicitud: el presencial y el portal web (www.portaltransparencial.cl) donde se encuentran más del 90% de las instituciones del Estado de Chile.
De acuerdo a la normativa, las instituciones públicas tienen 20 días hábiles para poder responder como límite a las solicitudes. Si no se responden, existe la posibilidad de presentar un amparo frente al Consejo para la Transparencia (CPTL) para revisar el caso y dictaminar o no la entrega de la información requerida. Las instituciones pueden prolongar por 10 días más ese tiempo de espera por una razón muy justificada o derivarla si no le corresponde. Al respecto conversamos con la Presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria De la Fuente, quien estuvo hace algunos días de visita por la ciudad de Rancagua y por las oficinas de #DiarioElRancagüino.
“En una primera instancia están quienes solicitan la información a través de estos canales. También están los que llegan al propio Consejo para reclamar por un incumplimiento. En el primer caso, y sobre todo quienes recurren a la información municipal, son mujeres de estratos socio económicos medios y bajos. Esto es muy interesante porque son por ejemplo personas que van a solicitar derecho a llave, con el fin de pedir acceso a otras prestaciones. En el segundo caso, quienes llegan directamente al CPLT, son preferentemente hombres, en general de estratos sociales altos y con estudios. En la práctica queremos que todos ellos tengan el mismo nivel de acceso. Esto implica para nosotros mejorar el acceso y la cercanía del sistema”, explicó De la Fuente.
-¿Dónde se ubica nuestra región en cuanto al nivel de solicitudes de acceso a la información a entidades públicas?
La Región de O’Higgins es la quinta más requerida en materia de acceso a la información pública en todo el país. Tenemos tres instituciones más requeridas, cuyo tipo es muy similar a lo que sucede en otras regiones. La municipalidad de Pichilemu es la que más solicitudes posee, le sigue la Municipalidad de Rancagua y después el Servicio de Salud de la Región de O’Higgins. En el caso de este último, no es raro ver esto ya que la pandemia ha implicado que el acceso a la información pública es sensible a la coyuntura del país, como es la crisis sanitaria. En cuanto a los municipios tampoco es extraño ya que en el resto de las regiones, muchos municipios relevantes concentran las solicitudes de acceso a la información pública.
Existen en algunos municipios algunos rezagos pero en general hay capacidad de respuesta de estos. A nivel nacional, cuando hay instituciones públicas que no responden, por diversas razones, hemos iniciado sumarios al no estar cumpliendo con la ley de Transparencia.
-¿Y qué pasa por ejemplo, con algunas corporaciones municipales?
Es un desafío que tenemos. Hay dos tipos de corporaciones, las de derecho público y otras de derecho privado. Las primeras están bajo el alero de la Ley de Transparencia, y las segundas se terminan transformando en una especie de ‘caja negra’ respecto de lo que allí adentro sucede. En el país, hemos visto situaciones muy lamentables con rayan con irregularidades o corrupción que la Justicia deberá investigar.
Ahora estamos discutiendo en el parlamento una adecuación a la Ley de Transparencia que se le ha llamado 2.0, lo cual es ponernos al día en algunos ámbitos. No es el proyecto de ley que nosotros habríamos esperado. Un avance es justamente es incorporar a todas las corporaciones y fundaciones dejándolos obligados en materia de transparencia solo por el hecho de recibir recursos públicos.
-¿Qué es lo mínimo que deberíamos exigir a cualquier estamento público en cuanto a Transparencia activa?
Lo más consultado en los portales de transparencia activa son las contrataciones y las remuneraciones en general, ya sea contrata, honorarios o de planta. Esa información está publicada y se actualiza cada mes porque es obligación. Además, son consultados los actos con efectos sobre terceros, resoluciones, contrataciones, licitaciones, etc.
-Ud. habló hace poco tiempo de una crisis de confianza existe en el país, ¿cómo se puede avanzar en recuperarla?
Creo que en el mundo entero hay una crisis de la democracia representativa. Basta mirar solo en América Latina que nos indica que la desconfianza en las instituciones ha ido creciendo. En Chile el estallido fue una consecuencia de esta crisis. Como país encontramos un camino que hoy es la convención constitucional para ir encausando las reglas del juego. Tenemos la enorme responsabilidad de genera confianza y esta se genera combatiendo la corrupción y en generar estándares de integridad pública relevantes, combatir las malas prácticas y generar una institucionalidad donde finalmente quepamos todos.
“TRANSPARENCIA 2.0”
-¿Qué opina que la llamada “Ley de Transparencia 2.0” aún se tramite en el Congreso? , ¿de qué se trata esto y qué beneficios trae a la ciudadanía?
Nuestro foco va a ser lo que se va a discutir en el proceso constituyente. Creemos que como la corrupción se transformó en un problema, y la integridad pública es la contracara de estos actos, será la forma de combatirla. El proyecto de Ley de Transparencia que se tramita aún en el Congreso, apenas alcanza a mejorar algunas cosas en esta materia de acceso para hacer menos engorroso este derecho. Nos parece que hay otras cosas que no se recogen en esta discusión, como por ejemplo, que el Consejo tenga la potestad sobre otras organizaciones del Estado. Por eso aquí quedan fuera de la vigilancia del consejo autonomías constitucionales, y a poderes del Estado como el legislativo y judicial. Es para allá hacia donde nosotros debiéramos avanzar.
Finalmente destaco que el año pasado la OEA sacó la Ley de Transparencia 2.0 interamericana el cual establece altos estándares en el acceso a la información que van mucho más allá de lo que la ley tiene. Por ejemplo en cuanto a derechos humanos o ámbitos privados que también podrían ser incluidos en este tipo de regulación.
CONVENIO CON RANCAGUA
La presidenta del Consejo para la Transparencia formalizó un convenio institucional con la municipalidad de Rancagua para potenciar la implementación de una serie de acciones en transparencia, derecho de acceso a la información, integridad entre otras materias. La iniciativa busca colaborar con la implementación de estándares y mecanismos de transparencia, de manera de posibilitar que la entidad pueda ir más allá de lo que establece la ley.
-¿De qué se trata el convenio que vino a firmar con la Municipalidad de Rancagua?
Tenemos una expectativa importante sobre lo que está pasando sobre varios municipios del país y Rancagua no ha sido la excepción. Tenemos 190 alcaldes nuevos, 190 oportunidades para poder hacer un trabajo que implique avanzar de manera sustantiva y comprometerlos en materia de acceso a la información. En Rancagua fue el propio alcalde recién electo quien se comunicó con nosotros manifestando la disponibilidad de firmar un convenio para apoyarlos. Esperamos que esto signifique apuntalar el cumplimiento de la norma, porque en los municipios se juega parte importante de la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Ellos son la primera cara del Estado. Nos parece que es una buena señal que hay autoridades disponibles en avanzar en esta materia.
