El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, Chile vivirá una jornada democrática crucial con las elecciones presidenciales y parlamentarias. En la región de O’Higgins, este proceso movilizará a 830.744 personas habilitadas para sufragar en 158 locales de votación y 2.150 mesas receptoras. La magnitud de esta cifra subraya que el acto de votar es un momento clave para la democracia, donde cada sufragio fortalece nuestras instituciones.
Detrás de esta jornada existe un vasto esfuerzo logístico. El director (s) del Servel O’Higgins, Aldo Valenzuela, ha destacado la intensa coordinación con las Fuerzas Armadas, Carabineros, y municipios para garantizar la normalidad y seguridad. Esta seguridad se verá reforzada por el despliegue de más de mil efectivos para resguardar el proceso.
Un cambio relevante en Rancagua es la inclusión del Estadio Codelco El Teniente (con 50 mesas y casi 20.000 votantes) y la sede del INACAP (con 40 mesas) como locales de votación. Esta decisión responde a la necesidad de optimizar recursos, aglutinando votantes y facilitando la labor del personal militar a cargo de la seguridad. Además, para facilitar el derecho, se han dispuesto 159 servicios de transporte gratuitos en toda la región.
Sin embargo, más allá de la logística, el foco está en el cumplimiento. Se ha recordado que el voto es obligatorio. La ciudadanía tiene el deber de acudir con responsabilidad, ya que quienes no concurran a sufragar se exponen a sanciones económicas que van desde 0,5 a 1,5 UTM (más de $100.000 pesos chilenos). El Servel denunciará a los inasistentes ante los juzgados de policía local.
La organización de O’Higgins, incluyendo la habilitación de una mesa especial en el Centro Penitenciario de Rancagua para 24 personas privadas de libertad, refleja un compromiso por asegurar el derecho cívico. Se espera que la región concurra con tranquilidad y en orden, para que este proceso sea nuevamente “un ejemplo para todo el país”.
La elección de 2025 no solo elegirá líderes, sino que pondrá a prueba la maquinaria cívica y la madurez ciudadana bajo el mandato de la ley. La obligación del voto, respaldada por fuertes multas, transforma la participación de un derecho a una necesidad institucional ineludible.
