Por: Fernando Ávila F.
Este lunes por la tarde se realizó en el Juzgado de Garantía de San Fernando la formalización de diez personas en el marco de la investigación por el delito de fraude al fisco que afectó a la Corporación Municipal de San Fernando, investigación que tiene en prisión preventiva a Luis Berwart y arresto domiciliario a Juan Molina, ambos ex alcaldes de la comuna y en prisión preventiva el ex administrador municipal, Pablo Bravo Cruz, quien ya ha declarado en la investigación, montos defraudados que superan los 3 mil millones de pesos.
En este mismo contexto se contemplan nuevas formalizaciones para el mes de mayo por delitos como uso malicioso de documentos públicos y/o fraudes de subvenciones. Las formalizaciones de este lunes también fueron por delitos de uso malicioso de instrumento privado.
Previo a la formalización, el tribunal determinó que los medios de comunicación por el principio de inocencia de los imputados, no podían compartir nombres ni rostros de los imputados, a lo que no se opuso la Fiscalía, petición que compartieron las defensas. Por esta razón en la presente crónica solo entregamos las iniciales de quienes serán juzgados por los delitos anteriormente descritos.
Durante la jornada, se dio a conocer el trabajo que encabeza la Fiscalía de Alta Complejidad investiga delitos que se cometieron mediante diversas acciones, como la creación de sociedades utilitarias para fines delictivos (empresas fantasmas), utilización de sociedades reales que no prestaron los servicios pagados y otras como el cobro de dineros por funcionarios activos de la Corporación.
Es así como el Ministerio Público, manifestó que están las condiciones para dar por acreditado el delito de fraude al Fisco (en calidad de autores) y falsificación de instrumento público (consumado y reiterado).
El actual alcalde de San Fernando, Pablo Silva, ha sostenido que en cuanto al total cuantificado del daño financiero provocado a la Corporación Municipal, se trabaja en determinar la cifra exacta, “pero que sin duda jurídicamente nos vamos a querellar como Cormusaf, ya lo hicimos desde la Municipalidad, y vamos a emprender acciones civiles contra quienes resulten responsables para también recuperar parte del patrimonio perdido. Ojalá todo, pero no nos vamos a quedar tranquilos. Creemos que hay muchos más. Nosotros creemos que debe haber otros funcionarios que están involucrados y que también vamos a hacer extensivas las responsabilidades que ellos tengan de probables delitos a través de acciones que estamos realizando e información que le estamos entregando al Ministerio Público y a la PDI”.
Explicó que en el curso de la presente administración los controles internos han permitido detectar una serie de empresas ficticias, estableciendo que “hemos detectado varias, alrededor de seis, pero es finalmente el Ministerio Público y la justicia las instancias que determinarán si éstas incurrieron en los mismos delitos que se han logrado acreditar”.
Además, en los últimos días se decretó una orden de detención contra tres ex concejales de la comuna de San Fernando, Alejandro Riquelme Calvo (UDI), Enrique Días Quiroz (PPD) y Pablo Orellana Rivas (Independiente), a quienes se les investiga por recibir supuestos sobornos y no perseverar en una denuncia por notable abandono de deberes que existía en contra del ex alcalde, Luis Berwart.
EXTENSA FORMALIZACIÓN
La formalización de este lunes, contempló a personas que se desempeñaron como ex trabajadores del municipio, prestadores de servicios y asesorías, proveedores, entre otros.
La Fiscal, Fabiola Echeverría, inició relatando algunos hechos del imputado, J.Q.R, quien ejerció como jefe de operaciones en la municipalidad de San Fernando, mantenimiento y reparación de vehículos era parte de su giro comercial, habría prestado servicios de mantención al municipio desde abril del 2018 y, emitiendo facturas por traslados, recibiendo dineros a una cuenta corriente, servicios que nunca habrían sido ejecutados. Según la Fiscalía. se registran más de 50 decretos pagos emitidos por la Corporación Municipal de San Fernando por 60 millones de pesos, los cuales –aseguró la fiscal- no se ejecutaron. A esto se suman otros servicios que nunca se ejecutaron. Así –según el Ministerio Público- se configuraría el ilícito de fraude al fisco reiterado, pidiendo la cautelar de firma mensual en la unidad policial más cercana.
Las defensas adhieren a esta petición, a excepción de lo que indicó el representante del Consejo de Defesa del Estado, quien fue partidario del arraigo nacional y prohibición de que los imputados se comunicaran entre sí, desestimándose esta petición.
J.P.G, mujer, se le formalizó por constitución de sociedades para servicios de transporte que nunca se realizaron, fraude al fisco, la fiscal aseguró que la imputada se reunió con los ex alcaldes imputados, quienes estaban en conocimiento de las irregularidades, emitiendo 21 boletas de honorarios ideológicamente falsas, que suman 17 millones de pesos y fracción, luego más de 19 millones, otra por 30 millones, entre otros montos.
J.I.L, se le imputó por tener vínculos con el jefe de operaciones de la Municipalidad de San Fernando, desde donde habrían ideado defraudar al fisco por servicios de transporte que nunca se realizaron. Crean sociedades que prestarían servicios a la Corporación Municipal como traslado de escolares, empresa sin vehículos con servicios nunca realizados. 382 millones de pesos, los que la fiscalía asegura eran cobrados por el imputado y también usados para necesidades del ex alcalde Berwart y sus colaboradores. Existen 18 decretos de pago emitidos desde el área de educación por más de 14 millones de pesos a la cuenta del imputado, entre otros millonarios montos que llegaban por sociedades que nunca prestaron servicios, delito de fraude al fisco reiterado.
L.Z.A, se le formalizó debido a que el año 2019 toma contacto con el jefe de Finanzas de la Corporación Municipal, donde se le solicitan facturas de la empresa Belloto, por trabajos que no realizaría, con la promesa de ser considerado en nuevas obras. 48 decretos de pago por un monto de 304 millones de pesos por obras que nunca se habrían realizado presentó la fiscalía. En este caso se configuraría el delito de falsificación de instrumento privado mercantil.
C.R.C contratista en obras menores, se le comunicó que está siendo investigado tras ser contactado por la Corporación Municipal de San Fernando, donde se le habrían solicitado facturas para justificar trabajos que habían sido realizados por trabajadores de la Corporación Municipal. La fiscal asegura que esto se realizó ya que se debía cuadrar caja, entregando al menos 9 facturas sin que realizara ningún trabajo. Se trata de 24 millones de pesos con facturas ideológicamente falsas. Se configura según la Fiscalía el delito de falsificación de instrumento privado mercantil y fraude al Fisco, decretando el arraigo nacional y la firma mensual.
C.P.B, se le formalizó por ser parte como falso socio de una empresa que le prestaría servicios de construcción al municipio de San Fernando, quien recibió dineros por trabajos no realizados, además firmó facturas falsas por más de 3 millones de pesos, recepción de pagos del área de salud por la suma de 3 millones 800 pesos, dineros que salieron de la Corporación Municipal, así como facturas por otros montos, configurándose el delito de fraude al Fisco y falsificación de instrumento privado.
M.P.M, se le formaliza luego de trabajar en el Departamento de Tránsito del Municipio, quien luego de renuncia, tras ello se simula la realización de encuestas telefónicas, con los respectivos contratos, nueve boletas pagadas por el área de educación y 10 del área salud, boletas catalogadas por la Fiscalía como ideológicamente falsas, gestiones y encuestas que nunca se habrían realizado. Esta acción, acusa el Ministerio Público, la habría realizado junto a otro imputado, M.D.D, ambos recibiendo dineros en sus cuentas personales, configurándose el delito de fraude al Fisco.
J.R.A, fue formalizado por su sociedad de metalurgia, quien en el año 2016 toma contacto con uno de los secretarios generales de la Corporación, tras obtener la reparación real de un colegio por 90 millones de pesos, recibiendo solo una parte de ello, quedando pendiente el saldo. Se le solicita la emisión de nuevas facturas por trabajos que no se realizaron por la suma de 47 millones de pesos, entre ellas una red inalámbrica de wifi, trabajos en establecimientos educacionales que no se realizaron. Se le siguen solicitando facturas para justificar el pago del saldo, así como las glosas que estas debían tener, configurándose el delito de falsificación de instrumento privado mercantil y fraude al Fisco.
J.N.M, fue formalizado por encabezar la consultora profesional, “Dogma”, donde se firman contratos de asesoría técnica con la Corporación Municipal, asesoría educativa en la escuela Sergio Verdugo Herrera, por un costo de 5 millones mensuales, luego 7 millones de pesos mensuales. La empresa debía pagar un médico veterinario, inventario de animales en una granja educativa. Desde la Fiscalía aseguran que se acuerda que emitiría facturas sin que debiese contratar personal o realizar dichas asesorías, cancelándole el IVA, quedado a disposición de los imputados como el ex alcalde Berwart el dinero restante.
Además fundo otra sociedad para atender requerimientos de papelería de la Corporación Municipal, pagándole facturas ordenadas por el ex alcalde Berwart, quien ordenó que se mantuvieran las compras a esta sociedad por la entrega de supuestos insumos por la suma de 59 millones de pesos. Se imputan delitos de fraude al Fisco y delito de falsificación de instrumento privado mercantil en carácter de reiterado, solicitando la Fiscalía la firma mensual, arraigo nacional y la imposibilidad de comunicarse con los co-imputados. En este caso puntual y por el carácter de los delitos, el Consejo de Defensa del Estado al ser delitos que afectaron área de salud y educación, solicitó una cautelar mayor de prisión preventiva. El imputado formó parte de la Corporación, por lo que tenía un conocimiento de cómo funcionaba, así como poder desviar dinero, argumentaron. Al ser un mecanismo que según la jueza afectaron a la “sociedad toda”, se decretó la finalmente la medida cautelar de prohibición de comunicación con los co-imputado, arraigo nacional y arresto domiciliario total.
Las defensas de los imputados particulares como de la Defensoría Penal, no se opusieron a las medidas cautelares de firma mensual en ninguno de los casos que solicitó el Ministerio Público estando de acuerdo con el plazo de investigación de 90 días. En todos los casos el Consejo de Defensa de Estado solicitó el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse entre imputados, medidas cautelares que en la mayoría de los casos fue acogido por la juez, Rosa Cáceres y por las defensas de los imputados.
En resumen tras la formalización hubo un imputado por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil a quien se le decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados en la causa.
Seis imputados por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil a quienes se les decretaron las cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros imputados en la causa.
Dos imputados por fraude al fisco que quedaron sujeto a las cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los imputados en la causa
Un imputado por fraude al fisco sujeto a la cautelar de firma mensual.
Plazo de investigación para todos los imputados en todos los casos: 90 días
Ex alcalde Berwart quedó en prisión preventiva imputado por fraude al fisco
Alcalde Pablo Silva: “Es el inicio del fin de un periodo oscuro en San Fernando”.
