– En términos generales, el número de contratos ha aumentado, la mayoría de las relaciones laborales han sido de corta data, pues la variación porcentual mensual de la cantidad de contratos terminados es mayor que la variación porcentual del número de contratos vigentes, explicó.
Por: Ximena Mella Urra.
Para la seremi del Trabajo y Previsión, Doris Rodríguez Zavalla, la ley 21.015 ha tenido un impacto positivo y sí ha producido cambios, como por ejemplo, asegura, “un ligero aumento en el número de personas con discapacidad empleadas y una mayor visibilidad de las personas con discapacidad que ya están empleadas”. A su parecer, sus efectos ´”están asociados con externalidades positivas más que con obligaciones bajo la ley”.
La normativa surgió como respuesta a la baja participación de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo, con medidas efectivas que remuevan barreras. Esto es un trabajo conjunto, no caritativo o simplemente por obedecer la ley”, indicó la autoridad regional. Pero, esto-prosiguió-, debe realizarse conscientemente entendiendo que las personas con discapacidad tienen iguales derechos que las personas que no la tienen y que “las oportunidades deben ser abiertas, debe haber un cambio cultural en la sociedad chilena en cuanto a inclusión. Esto aún no es posible visualizar, pero que sí esperamos suceda a mediano y largo plazo”.
La Inclusión Laboral también desafía a la intermediación laboral, dijo la seremi, mediante procesos y acciones que la hagan efectiva. “A través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), específicamente en los convenios de Fortalecimiento de las Oficinas Municipales de Información Laboral (Fomil), incorporamos profesionales de inclusión a las Oficinas Municipales de Información Laboral (Omil) de gestión avanzada. Mediante la entrega de atención especializada, se evalúan competencias necesarias para desempeñar una actividad laboral específica, a través del desarrollo de actividades de aprendizaje formal e informal y análisis en el puesto de trabajo. Estas consisten en el estudio, por medio de la observación directa, de las actividades y factores técnicos que constituyen una ocupación, a fin de tener claridad del perfil, competencias, conocimientos y calificaciones con que debe contar la persona. Asimismo, comprende la evaluación del entorno de accesibilidad”, indica.
Lo anterior es un ejemplo de trabajo transversal, recalca Rodríguez. Asimismo, es necesario avanzar en educación, formación y empleo para dotar a todas las personas con discapacidad de las herramientas necesarias para competir en igualdad de condiciones. “Es necesario revisar opciones que permitan una mejor y mayor coordinación entre los diferentes servicios públicos con capacidad, o intervenir en temas de capacitación e inclusión laboral, como es el caso del Senadis, Registro Civil e Identificación, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Compin, Bolsa Nacional de Empleo, entre otros”.
CONTRATOS LABORALES
Las estadísticas, según la Dirección del Trabajo y entregadas por esta Seremi, señalan que desde la entrada en vigencia de esta ley y hasta el 30 de junio de este año, se registraron 88.627 trabajadores/as con contratos laborales que han sido ingresados en el Registro de Contratos de Personas con Discapacidad o Pensionados de Invalidez disponible en el sitio web de la Dirección del Trabajo (www.direcciondeltrabajo.cl). De estos, 57.438 se mantienen vigentes y 31.189 se han dado por terminados por parte de 18.639 empresas únicas.
De acuerdo a estos datos, la proporción de contratos de personas con discapacidad que han sido terminados, va al alza, mientras que los vigentes, van a la baja. “La situación es contrastante porque si bien se observa un aumento del número de trabajadores contratados, esto no se refleja en su extensión, es decir, muchos de estos nuevos puestos de trabajo no logran perdurar en el tiempo, siendo terminados en periodos no superiores a un año e incluso a un mes”, describe la seremi. “Por lo tanto, el crecimiento mes a mes de los contratos finalizados es mayor al crecimiento de los contratos vigentes lo que vislumbra un problema estructural del mercado del trabajo asociado a la Ley de Inclusión Laboral”. Tampoco es sencillo dice, contar con cifras regionales de cuantas personas contratadas hay, ya que muchas veces las empresas al informar sobre las personas contratadas con discapacidad indican el Rut de la empresa matriz con muy probable ubicación en otras zonas o regiones.
