Tal como lo hemos señalado en nuestras ediciones anteriores, la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto de manifiesto graves irregularidades en los desembolsos realizados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la sociedad concesionaria encargada de la obra “Concesión Ruta 66-Camino de La Fruta”.
Según dicho informe, se detectó el pago de $329.540.767 correspondiente a cuatro facturas emitidas por la empresa.
Situación que ha generado preocupación y desconcierto en el mundo político y ha desencadenado a que alcaldes de las comunas de Pichidegua, Las cabras, San Vicente y Peumo junto a los senadores Juan Luis Castro y Javier Macaya se reúnan el pasado martes 12 de agosto con la ministra de Obras públicas (MOP), Jessica López para abordar las problemáticas de la Ruta 66, calificándola por el Senador Juan Luis Castro como una «obra largamente postergada» con tramos judicializados y deficiencias que generan riesgos para la seguridad vial.
Alcaldes como Guido Carreño de San Vicente de Tagua-Tagua han advertido sobre el deterioro «importante» de la carretera, con «verdaderos cráteres» y más de 25 accidentes solo en su comuna durante episodios de lluvia.
Mientras que el edil de Las Cabras, Juan Pablo Flores, señaló que “esta reunión es importantísima, tiene que ver con la mantención y reparación urgente de la carretera”, por último, al referirse sobre la presencia de sus pares de las comunas por donde tiene su recorrido la ruta de La Fruta mencionando que esta “es la manera de trabajar, todos juntos para dibujar la solución a estas problemáticas”.
Por último, el senador Macaya dio a conocer que “subsisten problemáticas como el cobro del peaje y la falta de soluciones concretas para las comunidades afectadas. No tengo dudas de que este no es solo un problema de O´Higgins, sino también de comunas de la región Metropolitana y Valparaíso, cuyos alcaldes nos han manifestados sus mismos reclamos”, finalizó.
La voz de Dirección General de Concesiones de Obras Públicas
A través de una declaración pública, mencionaron que la “Concesión Ruta 66- Camino La Fruta” es una obra concesionada a 45 años por un monto cercano a los 550 millones de dólares, cuyo contrato comenzó en 2019”.
Además, que “la auditoría a esta obra fue desarrollada entre enero de 2023 y abril de 2024 y corresponde a una revisión que la Contraloría General de la República realiza periódicamente a los contratos de obras concesionadas”.
Sumado que la Contraloría General de la República “cuestiona la imputación de facturas en la fase de construcción y que daría a pie a la devolución de IVA. Hoy la obra se encuentra en puesta en marcha provisoria”.
Por último, fueron enfáticos en destacar que “ante esto y otras observaciones, la Dirección General de Concesiones enviará a contraloría General de la República las respuestas requeridas en los plazos estipulados y para ello realizará las revisiones a sus procesos con el fin de incorporar las recomendaciones de la Contraloría en su informe”.
MOP comparece ante diputados por Carretera de La Fruta
El pasado martes 12 de agosto, el Ministerio de Obras públicas se dirigió al poder legislativo en la sesión de comisión para referirse a las irregularidades detectadas por la contraloría General de la República en la concesión de la Ruta H-66 en los tramos B3 y B4 que atraviesan las localidades de Santa Clarisa, Valdebenito Alto y Bajo, El Pino, Santa Inés, etc.
El director General de Concesiones (s), Claudio Soto en conjunto con la jefa de Administración y Finanzas, María Loreto González y Javier Soto, jefe de Departamento Jurídico, Construcción y Operación se refirieron al tema relacionado con pagos improcedentes según lo mencionado por la contraloría.
Soto, por su parte, señala que “se nos ha convocado para que podamos conversar con respecto a lo señalado que tiene un punto que ha llamado particularmente la atención de gran parte de los parlamentarios, que es el eventual pago improcedente por servicios de construcción”.
En la sesión el director a través de una presentación contextualizó dicha situación, “lo que se indica como pago improcedente que se habrían detectado tienen relación con el concepto de pago de IVA producto de la construcción de la ruta 66, en este contexto, se revisaron cuatro rendiciones de pago que son cuatrimestrales que se realizan para efectos de contabilizar o resarcir el IVA que la concesionaria paga en sus diferentes conceptos”.
Señala que es importa mencionar que “el valor neto que se considero durante este proceso de fiscalización fueron 61 mil millones lo que dio curso un pago de 11.700 millones de pesos en IVA, de los cuales solamente se esta objetando el tema de improcedencia sobre 329, es decir, el 2,8% de lo que se auditó”.
Luego, explicó el proyecto refiriéndose a que inicia en la ruta 5 en Pelequén y termina en la ruta 78, son “140 kilómetros, que busca llevar camiones desde el puerto de San Antonio hacía el sur. Este proyecto pasa por bastantes comunas, y nosotros la referencia principal es la construcción del tramo B, que va desde el Lago Rapel hasta la ruta 78, es lo que se auditó durante el período de la contraloría realizó esto en el contrato”.
Menciona que es “un contrato que inició en el año 2019 que tiene un presupuesto oficial de 549 millones de dólares y un plazo variable de 540 meses, es decir, máximo 45 años. Tiene un subsidio de construcción cercano a los nueve millones UF”.
Por su parte, María Loreto González, jefa de Administración y Finanzas dijo que “como dirección General de Concesiones hacemos un reembolso a las concesionarias respecto de IVA. El servicio de construcción que es el reconocimiento de los gastos y todo lo que incurre la sociedad concesionaria para la construcción de una obra. Por otro lado, el pago de IVA construcción que es cuando el concesionario recupera el IVA generando durante el periodo de construcción y pagado a su contratista, esto lo hacemos a través del subtítulo 33 de nuestra ley de presupuesto y ellos nos rinden y nosotros hacemos el pago”, enfatizó.
Además, aclara que en la historia de la Ley 19.640, que introduce modificaciones a la ley de concesiones y leyes tributarias, fija el objeto del pago del IVA en cuanto que: el régimen tributario debiera permitir una amplia recuperación de los créditos fiscales soportados por el concesionario. Así, como tambien el IVA debe propender a ser neutro en términos financieros para el concesionario.
Sumado a que “cada concesionaria posee por ley, un giro único, limitado exclusivamente al financiamiento, construcción y explotación de la obra concesionada”.
Por otro lado, González dice que “lo que se objeta más que un pago improcedente es que hace mención a que estos costos no van en directa relación, o sea no es cemento no es fierro y nuestra ley y todos los reglamentos que nos rige incluye ambos gastos”.
Mientras que Javier Soto, jefe de Departamento Jurídico, Construcción y Operación da a conocer que “del informe nos preocupa bastante este nuevo criterio acotando los costos asociados a la construcción de la concesión que pueden considerarse como base imponible de IVA, porque a nuestro juicio estamos trabajando en una reconsideración de manera tal de poder ajustar con la Contraloría los criterios que habían sido definidos por el Órgano Superior de Control hacía atrás y que en este caso, nosotros entendemos que hay una nueva interpretación del mismo”.
Soto fue enfático en señalar la preocupación que hoy los embarga y hace relación a que “es el precedente con este nuevo criterio ya que posiblemente pudiese generar un conflicto con todas las concesionarias que participan del Sistema de Concesiones. Es una eventualidad, no es un hecho cierto, pero en esta reconsideración estamos trabajando de manera tal de poder estudiar y concordar con la Contraloría estos nuevos criterios”. Este informe entregado por el ente fiscalizador subraya la urgencia de buscar soluciones definitivas y agilizar las gestiones con la empresa concesionaria para la Carretera de la Fruta, un punto que fue compromiso de la ministra Jessica López durante su reunión con los alcaldes y senadores el pasado
