Hay una realidad que resulta difícil de desconocer: las cuentas fiscales del país requieren un ajuste. El propio Ministerio de Hacienda ha establecido una trayectoria de reducción del déficit estructural, desde 2,6% del PIB en 2026 a 1,8% en 2027, como parte de una estrategia para ordenar las finanzas públicas y mantener la deuda dentro de los límites definidos por la política fiscal.

Es, por tanto, razonable que exista una discusión respecto de cómo contener el gasto público. Pero, principalmente, cabe preguntarse cómo se distribuye ese esfuerzo y qué lugar ocupan las regiones dentro de él.

En O’Higgins, la propuesta que se ha conocido para el Presupuesto 2027 contempla una reducción del orden del 18% de los recursos regionales. Según los antecedentes entregados por el gobernador Pablo Silva, eso significaría más de $15.500 millones menos para la región.

No se trata solamente de una cifra en un Excel. Detrás de ella hay obras que podrían postergarse, proyectos de inversión que podrían cambiar sus plazos y, eventualmente, actividad económica y empleos asociados a esas iniciativas.

Si el país decidió avanzar hacia la elección directa de gobernadores regionales y entregarles responsabilidades sobre el desarrollo de sus territorios, resulta legítimo preguntarse cuánto margen real tienen las regiones para tomar decisiones cuando una parte sustantiva de sus recursos depende de decisiones adoptadas en el nivel central.

Las regiones no pueden ser entendidas únicamente como unidades administrativas que reciben recursos desde Santiago.

La discusión se vuelve todavía más evidente cuando observamos qué tipo de necesidades han comenzado a financiar los gobiernos regionales.

Un ejemplo particularmente ilustrativo está en la seguridad pública.

En O’Higgins, el Gobierno Regional ha financiado vehículos para Carabineros, infraestructura policial y otras iniciativas relacionadas con seguridad. Solo durante 2025 destinó más de $616 millones a la adquisición de 21 vehículos para Carabineros. En agosto de este año aprobó además más de $1.962 millones para reponer 34 vehículos de la Policía de Investigaciones.

Pero el caso más significativo es otro: la proyectada Escuela de Formación de Carabineros en O’Higgins.

El propio Gobierno Regional ha planteado que está dispuesto a financiar e impulsar la construcción de esta escuela, con una inversión estimada en torno a los $30 mil millones. El proyecto busca responder a una necesidad concreta del país y de la región: contar con más funcionarios y formar nuevos carabineros.

Pero aquí aparece una paradoja que no podemos dejar de mirar. La región está utilizando recursos propios para financiar una infraestructura destinada a una institución nacional, y el propio proyecto reconoce que solo alrededor del 30% de los funcionarios que allí se formen permanecerían posteriormente en O’Higgins.

Visto así, es la propia región la que termina subvencionando al nivel central. O’Higgins pone los recursos para acelerar una infraestructura de alcance nacional, pero una parte importante de quienes sean formados allí prestará posteriormente servicios fuera del territorio que financió esa inversión.

Y no es que la seguridad no sea una preocupación del país. Nadie podría sostener seriamente que las regiones deban desentenderse de ella. O’Higgins tiene, como cualquier territorio, la necesidad de contar con una mayor dotación policial.

Pero al mismo tiempo, cabe preguntarse: si una región debe poner sus propios recursos para acelerar una infraestructura de alcance nacional, ¿es razonable que, al mismo tiempo, esos mismos recursos regionales sean nuevamente reducidos desde el nivel central?

No son argumentos en contra de Carabineros. Tampoco contra la inversión en seguridad. Es una discusión sobre el diseño del Estado y sobre la coherencia de nuestro proceso de descentralización.

Porque si las regiones son llamadas a resolver necesidades que exceden sus competencias tradicionales, también debería existir una conversación seria respecto de las herramientas que se les entregan para hacerlo.

La propia Asociación de Gobernadores Regionales de Chile ha planteado que los gobiernos regionales han destinado más de $600 mil millones desde 2021 a iniciativas relacionadas con seguridad, incluyendo vehículos y equipamiento para Carabineros y la PDI, además de otras inversiones.

Eso demuestra que las regiones ya no están mirando sus problemas desde la distancia. Están poniendo recursos donde consideran que existen necesidades urgentes.

Pero también plantea otra pregunta: ¿cuánto de ese gasto representa verdadera descentralización y cuánto corresponde, en los hechos, a suplir capacidades que deberían estar disponibles desde el nivel central?

Porque descentralizar no debería significar simplemente trasladar responsabilidades hacia las regiones. Si una región recibe nuevas tareas, pero no obtiene recursos suficientes ni mayores facultades para generar ingresos, lo que existe es una descentralización incompleta.

Por eso, más que discutir solamente cuánto dinero tendrá O’Higgins en 2027, quizás sea necesario comenzar a discutir qué modelo de regiones queremos para las próximas décadas.

Una alternativa es continuar con un sistema donde buena parte de los recursos regionales se determina anualmente desde el presupuesto nacional.

La otra discusión, más compleja, es avanzar hacia mayores grados de autonomía financiera. Eso no significa necesariamente crear nuevos impuestos regionales. Significa estudiar mecanismos que permitan a las regiones contar con una proporción mayor de recursos asociados a la actividad económica que generan, junto con sistemas de compensación que eviten que las diferencias entre territorios se transformen en desigualdades todavía mayores.

Bien diseñado, un sistema de ingresos regionales propios incluso podría abrir una discusión interesante sobre competencia territorial por inversión. Una región que tenga mayores incentivos para atraer proyectos, aumentar su actividad económica y mejorar su productividad también podría tener mayores posibilidades de financiar sus propias prioridades.

Es una conversación que Chile todavía tiene pendiente.

El país necesita ordenar sus cuentas. Esa necesidad es parte de la realidad fiscal que enfrenta Chile y no puede ser ignorada. Pero también corresponde preguntarse si el ajuste debe volver a traducirse en una reducción de la capacidad de inversión de los territorios, particularmente cuando esos mismos territorios están siendo llamados a asumir cada vez más responsabilidades.

Porque no parece suficiente hablar de descentralización si las regiones deben responder por más necesidades, pero siguen dependiendo de decisiones tomadas en el centro para disponer de los recursos con que deben enfrentarlas.

Si de verdad queremos regiones más fuertes, el debate no puede comenzar y terminar cada año con cuánto dinero transferirá Santiago.

Tiene que avanzar hacia una pregunta bastante más ambiciosa: ¿cuánta autonomía estamos realmente dispuestos a entregarles a nuestras regiones?

Y esa pregunta, a estas alturas, ya no parece ser solamente presupuestaria. Es una pregunta sobre el país que queremos construir.